Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 25 de mayo del 2026.- La citación de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ante la Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado el choque político entre la administración federal y el gobierno estatal.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo intentó matizar el llamado a declarar, definiéndolo como un paso rutinario dentro de una investigación en curso, la mandataria estatal ha marcado una línea de defensa clara, calificándolo como un acto de «persecución política».
Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Sheinbaum Pardo buscó desescalar la narrativa que rodea a la gobernadora y a otros actores políticos citados por la Fiscalía. Según la titular del Ejecutivo, los requerimientos de la FGR —que incluyen también al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya— responden estrictamente a «diligencias ministeriales» dentro de dos investigaciones paralelas.
Sheinbaum insistió en que el citatorio no equivale a una imputación formal. «Es parte de las investigaciones, no quiere decir que esté imputada de algún tema», sostuvo, enmarcando las comparecencias como entrevistas necesarias para esclarecer hechos, particularmente el operativo vinculado a la muerte de dos agentes extranjeros en un laboratorio clandestino en Chihuahua.
La postura de María Eugenia Campos Galván, sin embargo, se aleja de la lectura administrativa que propone el Palacio Nacional. Tras hacerse público el citatorio el pasado sábado, la gobernadora utilizó sus canales oficiales para denunciar lo que considera un uso faccioso de la justicia federal.
«La persecución política sigue. Protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber», sentenció Campos Galván en un mensaje que eleva el tono de confrontación. Para la mandataria chihuahuense, el llamado de la FGR es un movimiento político diseñado para debilitar su gestión, asegurando que su estrategia de defensa llegará «hasta donde tope».
La citación a Campos Galván no ocurre en el vacío. La FGR atraviesa un momento de alta presión, con expedientes que involucran a figuras clave de la vida pública nacional —desde Sinaloa hasta Chihuahua— y que incluyen solicitudes de detención con fines de extradición provenientes de Estados Unidos.
El hecho de que la Fiscalía esté citando a gobernadores en funciones y con licencia evidencia que las investigaciones han superado los niveles operativos para concentrarse en las esferas de decisión política.
El caso deja sobre la mesa una interrogante central: ¿es la Fiscalía actuando con independencia bajo un protocolo de investigación legítimo, o estamos ante una reconfiguración de fuerzas políticas donde la justicia federal se convierte en el árbitro final?
Hasta el momento, ni la FGR ha detallado las pruebas que sustentan la relevancia de estas comparecencias, ni la gobernadora ha aportado evidencias de que el citatorio obedezca a una orden superior de persecución. Mientras tanto, la incertidumbre jurídica y el ruido mediático continúan marcando la pauta de un conflicto que, lejos de cerrarse, parece apenas comenzar.
