Por: Sandra Dueñes Monárrez
Chihuahua, Chih., 25 de mayo de 2026. —Tras los bloqueos carreteros del pasado 16 de mayo, que paralizaron el tránsito hacia la capital del estado, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) que apunta al corazón de la administración estatal y municipal, ambas de Acción Nacional.
La denuncia, presentada el 22 de mayo y a la que Chihuahua Minuto a Minuto tuvo acceso, trasciende la mera protesta social para situarse en el terreno de los delitos de alto impacto. Loera de la Rosa sostiene que los cierres no fueron manifestaciones espontáneas del sector agrícola, sino «actos coordinados» con el objetivo deliberado de impedir el libre tránsito de ciudadanos que se dirigían a una marcha pacífica convocada por MORENA, informó en entrevista el abogado Luis Ignacio Rosales Barrios, representante legal del senador morenista.
La denuncia es contundente al señalar nombres clave: funcionarios de alto rango, incluidos titulares de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y ediles municipales. Incluso, el documento solicita a la FGR investigar la posible vinculación de la gobernadora con la organización de estos hechos.
Uno de los señalamientos más graves y que añade tensión técnica al caso es la referencia a la infraestructura urbana: la apertura de un boquete de 15 metros en la avenida Venustiano Carranza. Según el senador, esta maniobra fue ejecutada por personal de la JCAS, configurando lo que él califica como una operación de sabotaje destinada a asfixiar la movilización, explicó Rosales Barrios.
Más allá de la narrativa política, el equipo jurídico de Loera De la Rosa busca encuadrar estos hechos en tipos penales severos. La denuncia invoca:
• Sabotaje (Art. 140): Con penas de hasta 20 años de prisión para quien entorpezca servicios o funciones del Estado.
• Conspiración (Art. 141): Que castiga el concierto previo para cometer ilícitos.
• Agravantes (Art. 145): Al tratarse de funcionarios públicos, las penas podrían elevarse hasta los 40 años de prisión.
• Ataques a las vías de comunicación: Tipificados tanto en el Código Penal Federal como en la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Este movimiento legal es el capítulo más reciente de un enfrentamiento sistemático entre el Gobierno del Estado y la Cuarta Transformación. Mientras el bloque panista denuncia una «judicialización política» con fines electorales contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván por la presencia de la agentes de la CIA en un operativo de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), hecho que derivo en la marcha por la Soberanía Nacional misma que a decir del senador Juan Carlos Loera De la Rosa fue saboteada y con ello el Gobierno del Estado de Chihuahua, en este caso la gobernadora violó el Estado de Derecho al utilizar infraestructura pública para fines partidistas.
El escenario para la FGR será un reto pues al recibir esta denuncia deberá llevar a cabo las indagatorias.
Mientras tanto, en Chihuahua, las instituciones se desgastan en un conflicto donde las carreteras, más que vías de tránsito, se han convertido en el epicentro de una lucha por el control político, dejando a la ciudadanía en medio de una parálisis democrática.
