Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 27 de mayo del 2026.- En un posicionamiento realizado a las afueras de la Fiscalía General de la República (FGR), la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, denunció lo que calificó como el uso faccioso de las instituciones federales para ejecutar una persecución política en su contra.
La mandataria estatal compareció este 27 de mayo de 2026 ante la autoridad federal, tras haber sido citada bajo la calidad de testigo. Sin embargo, Campos Galván cuestionó la transparencia del proceso, señalando que la intención real es «fabricar un caso» para convertirla en inculpada. Este acto constituye una violación a la protección constitucional que le confiere su cargo y una muestra de un «autoritarismo totalitario» que, afirma, se ha instalado en el régimen actual, dijo.
Uno de los ejes centrales del discurso de la titular del Ejecutivo chihuahuense fue el contraste entre su situación y la de otros actores políticos, donde Campos Galván señaló un «doble rasero» por parte del gobierno morenista, argumentando que mientras su administración es objeto de presiones judiciales por el cumplimiento de sus funciones, otros funcionarios públicos —incluso aquellos con señalamientos internacionales por presuntos nexos con el narcotráfico— gozan de lo que calificó como «impunidad absoluta».
«Mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa se les dan entrevistas amigables», aseveró, desestimando que los casos puedan equipararse bajo una misma lógica legal.
Más allá de su defensa particular, la Gobernadora buscó elevar el tono de su mensaje hacia una denuncia colectiva, vinculando su caso con otras problemáticas nacionales, tales como el desabasto de medicamentos oncológicos, la represión a maestros y la desatención a las madres buscadoras.
Campos Galván instó a la ciudadanía a no «normalizar» la violencia ni el uso político de la justicia, advirtiendo que, si bien ella es la señalada en este momento, estas prácticas representan un riesgo para cualquier ciudadano que disienta del gobierno en turno.
Finalmente, la mandataria reafirmó que no evadirá las diligencias, cuestionando abiertamente a la Fiscalía sobre las acusaciones en su contra y exhortando a la población a defender las libertades democráticas. Con este acto, el conflicto entre el Gobierno de Chihuahua y la federación entra en una fase de confrontación abierta, donde el terreno judicial se consolida como el principal espacio de disputa política de cara al cierre de la administración estatal.
