Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 27 de mayo del 2026.- La omisión legislativa en torno a los derechos de la comunidad de la diversidad sexual detonó una crisis sin precedentes en las instalaciones de «Pueblito Mexicano», donde la sesión del Congreso del Estado fue suspendida tras un enfrentamiento que evidenció la profunda polarización política y social que atraviesa la entidad.
Lo que inició como una movilización pacífica de colectivos LGBT+ para exigir la dictaminación del matrimonio igualitario, derivó en un escenario de violencia física tras la llegada de grupos religiosos y organizaciones autodenominadas «provida» lo que provocó que el acceso al recinto fue bloqueado y por consecuencia subiera de tono la confrontación con empujones, consignas y el uso de gas lacrimógeno por parte de los elementos de seguridad para sofocar la protesta en los accesos del edificio.
La raíz del conflicto radica en la decisión de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y sus aliados de excluir nuevamente del orden del día el dictamen referente al matrimonio igualitario. Para los colectivos de la diversidad sexual, esta medida representa una omisión deliberada y una forma sistemática de invisibilizar derechos humanos fundamentales, manteniendo a Chihuahua como una de las entidades con mayores rezagos en la materia a nivel nacional.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando, ante la negativa de las autoridades de atender sus reclamos, los manifestantes intentaron ingresar al salón de plenos dejando al descubierto la incapacidad del Legislativo para procesar una demanda social que ha sido ignorada durante más de una década.
La diputada Jael Argüelles Díaz (Morena), quien acompañó a los manifestantes, calificó la postura de la mayoría legislativa como una «violencia institucional» que perpetúa la precariedad y la desigualdad.
«Dieciséis años llevamos esperando justicia. El Estado ha reproducido social e institucionalmente la homofobia, condenando a miles de personas a vivir con derechos incompletos», sentenció la legisladora. Argüelles enfatizó que el matrimonio igualitario no solo es un trámite legal, sino el acceso a derechos patrimoniales, seguridad social y protección jurídica que el Estado sigue negando.
La legisladora fue más allá al señalar que la intolerancia política tiene consecuencias directas en la seguridad de la comunidad: «En Chihuahua seguimos viendo cómo se invisibiliza, se agrede y se asesina a personas por el simple hecho de existir fuera de la heteronorma. La intolerancia no es inofensiva: invisibiliza y mata».
Más allá del matrimonio igualitario, Argüelles Diaz advirtió que el Congreso del Estado de Chihuahua mantiene una deuda histórica con la diversidad sexual, citando temas pendientes como:
- La prohibición efectiva de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).
- El fortalecimiento de políticas públicas para la atención del VIH/SIDA.
- Garantías reales de acceso a salud, educación y empleo digno.
Mientras el Congreso del Estado de Chihuahua se mantiene paralizado por visiones conservadoras, la realidad social del estado avanza en una dirección contraria. La crisis de este martes es un recordatorio de que la política de «administrar privilegios» —en palabras de la diputada— ha dejado de ser sostenible ante una ciudadanía que exige igualdad.
El Congreso queda ahora ante una encrucijada: continuar postergando una realidad social consolidada o cumplir con su obligación constitucional de garantizar los derechos humanos sin distinción de orientación sexual o identidad de género.
