Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 2 de mayo del 2026.- En un estado marcado por la constante demanda de justicia de género y protección a la infancia, el marco legal de Chihuahua ha dado un giro punitivo. La iniciativa que endurece las penas contra el abuso sexual cometido desde el ejercicio profesional o de oficios es ahora ley, marcando un precedente en cómo el sistema judicial estatal interpreta la vulnerabilidad de la víctima frente a la autoridad técnica o laboral de su agresor.
La diputada Xóchitl Contreras, promotora de la reforma, señaló que el cambio no es solo numérico, sino conceptual: se trata de sancionar la traición a la confianza depositada en médicos, terapeutas, choferes y otros prestadores de servicios que utilizan su posición para violentar a quienes recurren a ellos.
Antes de esta reforma, el Código Penal de Chihuahua trataba estos casos bajo un esquema de «abuso sexual simple» con penas que podían ser tan bajas como seis meses de prisión. El nuevo rigor legal establece un aumento significativo en las sentencias, buscando un efecto inhibitorio en los sectores donde la relación de confianza es intrínseca al servicio.
El nuevo mapa de sanciones en Chihuahua:
| Escenario del Delito | Pena Anterior | Nueva Pena (Reforma) |
| Abuso Sexual Simple | 6 meses a 6 años | 10 meses a 10 años |
| Víctimas menores de 14 años | 3 a 10 años | 5 a 16 años y 6 meses |
La reforma no surge de forma aislada. El análisis legislativo la sitúa en concordancia con la Convención de Belém do Pará, el tratado interamericano más importante para prevenir la violencia contra las mujeres. Al elevar las penas máximas hasta los 16 años en casos de menores, Chihuahua busca salir de la parálisis reactiva y ofrecer herramientas a la fiscalía para integrar expedientes con mayor peso penal.
«Estamos cerrando la puerta a la impunidad que se disfrazaba de ‘vacío legal'», expresó Contreras. La legisladora enfatizó que cualquier oficio que implique una relación de confianza ahora está bajo la lupa de esta agravante específica.
El mensaje enviado desde el Congreso local es claro: la posición profesional ya no será un escudo, sino una agravante. En un entorno donde las víctimas suelen enfrentar procesos de revictimización, el endurecimiento de las penas mínimas asegura que, en caso de condena, el tiempo de reclusión sea una garantía de justicia real y no una medida simbólica.
