Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 21 de octubre del 2026.- En medio de la creciente tensión política desatada por el proceso penal que enfrenta el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, salió al paso para rechazar las versiones sobre un presunto pacto de impunidad entre el Gobierno del Estado y la Federación, al tiempo que acusó a Morena de sostener un discurso contradictorio.
El pronunciamiento del líder parlamentario blanquiazul busca afianzar la narrativa institucional de que en Chihuahua «se aplica la ley sin distinciones», intentando contener los embates de la oposición Morenista, que ha oscilado entre denunciar acuerdos cupulares y exigir la comparecencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
Chávez Madrid centró su argumento en lo que calificó como una incoherencia narrativa por parte de la bancada guinda y sus aliados. Cuestionó que, mientras por un lado se insinúa una tregua o concierto político entre la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora María Eugenia Campos Galván por el otro se intensifique la presión mediática y legislativa contra la administración chihuahuense.
“Si de verdad existiera ese pacto, ¿por qué Morena y sus aliados la persiguen, la exigen y la quieren sentar a declarar?”, cuestionó el coordinador panista, señalando que ambas posturas resultan irreconciliables en el terreno de la lógica política.
Para sostener la postura de independencia institucional, el legislador recordó que las indagatorias en el ámbito estatal iniciaron desde abril y defendió que fue la propia autoridad local la que presentó al exfuncionario ante un juez de control.
En un intento por matizar el impacto político de la detención de quien fuera uno de los colaboradores más cercanos de la actual administración, el coordinador del PAN enfatizó que el sometimiento a proceso no equivale a una sentencia condenatoria.
Sostuvo que el papel del Poder Legislativo debe ser exigir rendición de cuentas e información sin caer en «condenas anticipadas», dejando la valoración de los elementos probatorios en manos del Poder Judicial. Sin embargo, en el terreno de la confrontación partidista, el legislador aprovechó para virar el foco de atención hacia el ámbito nacional.
Como parte de la estrategia defensiva, Chávez Madrid exigió que la vara de la fiscalización sea pareja y demandó que Morena aplique el mismo rigor de investigación hacia mandatarios de su propio sello partidista, mencionando explícitamente los casos de Rubén Rocha Moya en Sinaloa y Marina del Pilar en Baja California.
El posicionamiento del PAN deja al descubierto la encarnizada batalla por la narrativa pública en Chihuahua: mientras Morena busca capitalizar el proceso contra el exfiscal como una muestra de opacidad y mal gobierno, la bancada oficialista intenta blindar a la gobernadora presentando el caso como un ejemplo de rigor legal, al tiempo que despliega un contragolpe mediático rumbo a la contienda política.
