Mientras que los tribunales de EEUU deciden si mantienen o tumban el polémico ‘Título 42’, la norma sanitaria que autoriza la expulsión inmediata de migrantes, al sur del río Bravo, el calvario continúa para cerca de 40.000 personas que, tras haber recorrido miles de kilómetros huyendo de la pobreza y la violencia en sus países de origen, ahora dudan si esperar en la frontera, arriesgarse a un cruce ilegal o entregarse a la Guardia Nacional. La decisión del Supremo de EEUU de paralizar a última hora la retirada del Título 42 vuelve a dejar en el limbo a una población empobrecida, altamente vulnerable y condenada a la clandestinidad o al abandono en las peligrosas y saturadas ciudades fronterizas del norte de México.

A lo largo de los 2.000 kilómetros de frontera compartida, estos días se viven escenarios y conflictos comunes: del lado norte, los uniformados, los operativos y las barreras defensivas se multiplican mientras que, del lado sur, los migrantes saturan los albergues, deambulan y mendigan por las calles y buscan debilidades en la frontera para arriesgarse a un cruce clandestino. En Matamoros, frente al estado de Texas, más de un millar de migrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela y Haití, han levantado un gran campamento de lonas y tiendas de campaña en espera de que el Supremo de EEUU levante la restricción sanitaria.

La mayoría de ellos llevan varias semanas malviviendo en la ciudad fronteriza y, según denunció a la prensa local Glady Cañas, directora de la ONG Ayudándoles a triunfar, «están desesperados». Unos 90 kilómetros al oeste, en la ciudad de Reynosa, las autoridades locales aseguran que actualmente hay cerca de 11.000 migrantes varados en dos albergues y varios campamentos improvisados. La presión es tan fuerte que, en los últimos días, la Guardia Nacional estadounidense ha bloqueado en varios momentos el puente fronterizo para realizar simulacros en caso de un asalto masivo de migrantes, como los que se registraron en el 2019.

Solo en el extremo noreste de la frontera mexicana, entre Nuevo Laredo y Matamoros, las autoridades estiman que hay 17.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, aunque también hay presencia de haitianos, venezolanos, ecuatorianos, cubanos y varios países africanos. En la vecina Ciudad Juárez, la situación es similar. Según denuncia Santiago González, director de la oficina de Derechos Humanos del municipio, «tenemos 6.000 extranjeros distribuidos en la urbe con el objetivo de cruzar a territorio estadounidense».

En el extremo más occidental, en Tijuana, destino final de la ruta más corta y habitual para los centroamericanos, los 32 albergues de la ciudad se han quedado pequeños para la enorme afluencia de migrantes que han llegado en los últimos días. Según ha informado el director de Atención al Migrante de Baja California, Enrique Lucero, «son aproximadamente 9.000 migrantes». El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU proyectaba que, cuando finalizase el Título 42, se registraría una media de cruces diarios en la frontera de entre 9.000 y 14.000 migrantes, más del doble del ritmo actual.

Después de un pandemia que ha agravado aún más las condiciones de vida en el Triángulo Norte de Centroamérica y que ha servido de pretexto a los gobiernos para frenar el paso de los migrantes, la cancelación del Título 42 prevista para este martes había supuesto la mejor noticia en varios años para las miles de personas que huyen del Triángulo Norte de Centroamérica. Ahora su continuidad vuelve a poner a prueba la capacidad de resistencia de los migrantes, atrapados en un laberinto burocrático en el que México ha vuelto a confirmar su condición de ‘guardián’ de la frontera sur de EEUU.