Por: Sandra Dueñes
Chihuahua, Chih., a 15 de febrero del 2026.- En el mundo corporativo, las palabras «ética», «transparencia» y «cero tolerancia» lucen hermosas en folletos satinados y páginas web de empresas trasnacionales. Pero en la realidad de las brechas de Sinaloa y las minas de nuestra Sierra Madre, esas palabras se disuelven con el olor a pólvora y el silencio de las fosas clandestinas.
El caso de la minera canadiense Vizsla Silver Corp. en Concordia no es solo una tragedia humana; es el retrato de un sistema podrido donde el capital extranjero parece tener un presupuesto asignado para el «derecho de piso», pero ni un centavo para rescatar a los hombres que le generan la riqueza.
Apolinar Castañeda, un padre que hoy llora a su hijo geólogo, ha puesto el dedo en la llaga: la empresa supuestamente pagaba entre 11 mil y 14 mil dólares mensuales al crimen organizado para que los dejaran operar. Es decir, negociaban con el «diablo» para sacar la plata, pero cuando ese mismo diablo se llevó a 10 de sus trabajadores, la empresa simplemente se lavó las manos, se negó a negociar sus vidas y tardó horas en dar la cara a las familias.
¿Cuánto vale la vida de un trabajador para una minera? Al parecer, menos que una cuota mensual. Mientras el secretario Omar García Harfuch sale a decir cómodamente desde la CDMX que fue una «confusión» de Los Chapitos, la realidad en el terreno grita otra cosa. Los trabajadores no fueron confundidos; fueron abandonados en una zona de guerra donde la empresa sabía que el riesgo era mortal, al grado de haber tenido a los empleados trabajando «a distancia» meses atrás.
Lo que vemos en Concordia es el mismo espejo de lo que ocurre en muchas zonas de Chihuahua. Empresas que llegan, extraen la riqueza, pactan con quien tengan que pactar para que la maquinaria no se detenga, y cuando la violencia alcanza al eslabón más débil —el trabajador—, se esconden tras un comunicado de «cero tolerancia a la corrupción».
Es indignante que las familias y colectivos tengan que mendigar información a la Presidenta Sheinbaum y a la FGR, mientras las mineras siguen cotizando en la bolsa.
Si las empresas tienen dinero para pagar extorsiones, deberían tener la decencia de proteger la vida de quienes ensucian sus botas para llenarles los bolsillos. Ya basta de periodismo de caricatura que compra la versión oficial de la «confusión». Lo que hubo aquí fue un pacto de sangre donde los trabajadores pusieron los muertos y la empresa puso el olvido.
Porque en este México de fosas, la única «cero tolerancia» que existe es la que tienen las madres buscadoras contra la indiferencia de un gobierno y de unas empresas que parecen haber perdido el alma.
