Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 11 de marzo del 2026.- El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, denunció un presunto «Encubrimiento por Favorecimiento» que permitió que 171 millones 472 mil pesos se esfumaran al dejar prescribir 23 carpetas de investigación para proteger al exsecretario de Hacienda Estatal quien fue convertido en «testigo protegido».
Bajo el amparo de la llamada «Operación Justicia para Chihuahua», la anterior administración estatal habría dejado morir deliberadamente 23 carpetas expedientes clave de denuncias de entre 2018 y 2020 presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Función Pública permanecieron en un «sueño eterno» procesal hasta que la acción penal caducó, refirió Valenzuela Holguín.
El ex titular de Hacienda de la administración del exgobernador César Duarte Jáquez se acogió al criterio de oportunidad de “testigo protegido” aceptando declarar contra sus excompañeros, a cambió de la prescripción de sus propios delitos.
Bajo esa premisa, Valenzuela Holguín declaró que «la omisión también es corrupción», lanzando una serie de preguntas que sacuden el tablero político: ¿Fue la Operación Justicia para Chihuahua una herramienta de persecución selectiva? ¿Quién dio la orden de detener el reloj en esas 23 carpetas?
La denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General del Estado apunta a un posible encubrimiento que permitió que funcionarios de primer y segundo nivel quedaran impunes, mientras el daño al erario —esos más de 171 millones de pesos— se quedó sin reparación.
De acuerdo con el titular de la FACH, el hallazgo de estas 23 carpetas de investigación en la congeladora no es casualidad. Desde marzo de 2023, la FACH ya había separado a cinco ministerios públicos por el manejo indebido de expedientes. Hoy, el análisis tecnológico confirma que el rezago no fue por falta de capacidad, sino, presuntamente, por una decisión institucional de proteger a quienes «sirvieron» para armar los expedientes políticos del sexenio pasado.
Para los chihuahuenses, el mensaje es amargo: mientras la deuda pública crece y los recursos escasean, la justicia se negoció en lo oscurito para proteger a testigos estrella, dejando una herida abierta de 171 millones de pesos que, por ley, ya no se pueden recuperar de los responsables originales.
