Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 27 de marzo del 2026.- En un acto sin precedentes de justicia intercultural, el Poder Judicial de la Federación notificó en idioma ódami y en versión sencilla una sentencia a favor de dos familias desplazadas por la violencia en Guadalupe y Calvo. La resolución no solo reconoce el atropello a sus derechos, sino que emite una orden directa al Gobierno del Estado y diversas instituciones para garantizar una reparación integral y digna.
La sentencia, emitida originalmente por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar en Saltillo, Coahuila (en auxilio del Juzgado 8vo de Chihuahua), identifica con nombre y apellido a quienes han fallado en proteger a estas familias. Entre las autoridades responsables de ejecutar la reparación se encuentran:
La Gobernadora del Estado, Maru Campos Galván.
La Fiscalía General del Estado (FGE).
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE).
La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas.
El Gobierno Municipal de Guadalupe y Calvo.
La justicia federal fue clara: la reparación integral no debe confundirse con «asistencia duradera» o simples despensas. Las autoridades estatales están obligadas a reunirse con las familias para diagnosticar y cumplir con un Plan de Atención Integral que garantice de manera efectiva: Vivienda, alimentación, educación, salud física y psicológica, trabajo y la protección de sus bienes en su comunidad de origen.
El pasado 20 de marzo, las instalaciones del Poder Judicial en Chihuahua fueron escenario de la lectura de este fallo, donde, con la ayuda de traductores, las familias quejosas —incluyendo niños, niñas y adolescentes— finalmente escucharon que la ley está de su lado.
Esta resolución representa un avance crucial para las cientos de personas que viven en condición de desplazamiento forzado interno en la Sierra Tarahumara. Mientras el discurso oficial suele minimizar el fenómeno del desplazamiento, esta sentencia judicial obliga al Estado a pasar de las palabras a los hechos, reconociendo que el exilio forzado por la violencia es una herida abierta en el tejido social de Chihuahua que debe sanar con justicia, no solo con promesas.
