Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad Juárez, Chih., a 14 de abril del 2026.- El sistema de justicia mexicano se encuentra nuevamente bajo la lupa tras la resolución de un juez federal que podría permitir que el presunto agresor sexual de “Azul”, una niña dentro del espectro autista, enfrente su proceso en libertad. Ante lo que consideran un retroceso en la protección de los derechos de la infancia, la diputada María Antonieta Pérez Reyes y un equipo de abogados de élite han anunciado una batalla legal que pretenden llevar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La controversia radica en la decisión del Juez Séptimo de Distrito, quien concedió un amparo en revisión para que se analicen las medidas cautelares del acusado, quien resulta ser el padre biológico de la menor. Aunque esta resolución no implica su liberación inmediata, abre la puerta para que la prisión preventiva oficiosa sea sustituida por medidas alternas, bajo el argumento de interpretaciones constitucionales recientes.
Sin embargo, la abogada Sandra Díaz Rubio advirtió que el segundo párrafo del Artículo 19 Constitucional es claro al señalar los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, especialmente cuando se trata de agresión sexual contra menores.
“Estamos ante un precedente nacional. Buscamos que prevalezca el interés superior de la niñez por encima de tecnicismos que revictimizan a los más vulnerables”, señaló la defensa.
El caso de “Azul” conmocionó a la frontera en 2025. La menor no solo enfrenta las secuelas del abuso presuntamente cometido por su padre y la pareja sentimental de este, sino que ahora su familia denuncia un asedio constante. Según la madre de la niña, abogados defensores han intentado abordar a la menor incluso durante sus terapias de lenguaje, una situación que califican como una extensión del abuso institucional.
Para fortalecer la estrategia legal, se anunció la incorporación del reconocido abogado Lorenzo Villar Chavarría al equipo coadyuvante de la Fiscalía Especializada en delitos contra la Mujer (FEM).
La defensa combatirá la resolución del amparo mediante un recurso ante magistrados, un proceso que podría demorar hasta seis meses. Ante este panorama, la exigencia es que la Suprema Corte atraiga el caso debido a la trascendencia jurídica y la urgencia de sentar un precedente: ningún acusado de agresión sexual contra menores debe quedar en libertad mientras se dicta sentencia.
