Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 23 de abril del 2026.- Cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, el aire en el Zócalo estaba cargado no solo de celebración, sino de la promesa de una «continuidad humanista». Sin embargo, al cumplirse el primer ciclo de su mandato, el informe anual de Amnistía Internacional (AI), titulado «Promesas en marcha, derechos en riesgo», arroja una sombra analítica sobre esa narrativa. El documento sugiere que, bajo el barniz del progreso social, persisten —y en algunos casos se profundizan— estructuras de impunidad y militarización que desafían el discurso oficial.
El punto más crítico del informe radica en la metamorfosis de la Guardia Nacional. Para AI, la consolidación de este cuerpo no ha significado la pacificación del país, sino la normalización de un estado de excepción donde los militares ejecutan tareas civiles sin los controles democráticos necesarios.
La organización es tajante: la Guardia Nacional debe retirarse de las labores de control migratorio. Esta exigencia adquiere una relevancia eléctrica en estados fronterizos como Chihuahua, donde la presencia de fuerzas federales ha sido cuestionada tras incidentes de opacidad en la Sierra Tarahumara. La paradoja es evidente: un gobierno que se dice civilista confía su estabilidad a la bota militar, erosionando la distinción entre seguridad pública y defensa nacional.
Si la seguridad es la crisis visible, las desapariciones son la hemorragia interna del país. El informe destaca que, a pesar de la creación de nuevas comisiones, la maquinaria forense y de búsqueda sigue operando con una lentitud que raya en la negligencia. Para los colectivos de madres buscadoras, el cambio de administración ha sido, hasta ahora, un cambio de nombres pero no de resultados.
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Amnistía Internacional señala una «brecha de implementación» alarmante: las leyes existen, los presupuestos se anuncian, pero en el terreno, la impunidad por desapariciones forzadas y cometidas por particulares sigue superando el 95%. La justicia en México sigue siendo un privilegio de quien puede costearla o un azar de la presión mediática.
En un contexto de tensión diplomática sin precedentes con los Estados Unidos, el capítulo sobre migración del informe de AI se lee como una advertencia geopolítica. El organismo insta al gobierno de Sheinbaum a no permitir que la cooperación bilateral menoscabe el derecho de asilo.
«Garantizar que toda la cooperación bilateral con los Estados Unidos en materia de migración se ajuste plenamente a las normas internacionales… y no menoscabe o viole la obligación de no devolución», reza una de las recomendaciones clave.
Este punto resuena con fuerza tras las recientes amenazas de Donald Trump sobre la «pérdida» de México. AI advierte que la soberanía no solo se defiende con notas diplomáticas, sino protegiendo a los más vulnerables en tránsito, evitando que el territorio mexicano se convierta en la «sala de espera» —o el muro— de las políticas electorales de Washington.
El informe de Amnistía Internacional funciona como un contrapeso necesario a la retórica de la «Cuarta Transformación». Al alertar sobre la fragilidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la persistente violencia contra defensores de derechos humanos, AI recuerda que un gobierno no se juzga por sus intenciones, sino por su capacidad de proteger al individuo frente al abuso del poder.
Para la administración de Sheinbaum, este documento es un recordatorio de que la historia no se escribe con mítines, sino con la resolución de las injusticias estructurales que, un año después, siguen definiendo la vida cotidiana de millones de mexicanos.
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