Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 12 de mayo del 2026.- En un informe que describe a México como un territorio fracturado por la ausencia de justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó este lunes como una “grave crisis” la cifra de más de 128,000 personas desaparecidas en el país.
El documento de 238 páginas no solo contabiliza el horror, sino que lanza una acusación punzante: gran parte de las desapariciones perpetradas por el crimen organizado ocurren bajo una profunda “connivencia y coordinación” con agentes del Estado.
Durante la presentación en la Ciudad de México, Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH, fue enfática al señalar que es “imposible” que las autoridades ignoren las operaciones delictivas en los territorios donde prosperan las desapariciones. Esta falta de intervención, definida técnicamente como aquiescencia, sitúa al Estado no solo como un ente omiso, sino como un facilitador de la conducta de desaparición forzada.
A diferencia de informes previos de la ONU que provocaron fricciones con la administración de Claudia Sheinbaum, este documento fue recibido con «respeto institucional» por la Cancillería y la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, para las familias de las víctimas, la presencia de funcionarios en el evento resultó insuficiente ante una realidad donde la impunidad se describe como un “problema infranqueable”.
El informe llega en un momento de alta tensión interna, exacerbada por la reciente iniciativa del gobierno federal para «actualizar» el Registro Nacional de Personas Desparecidas. Colectivos de búsqueda, representados por voces como la de Bibiana Efigenia Mendoza, denuncian que este proceso busca reducir artificialmente las cifras al catalogar 46,000 expedientes como carentes de «datos suficientes».
«Es indigno presumir avances cuando no han tenido la dignidad de recibirnos. Su respuesta fue tapar con vallas el Palacio Nacional para que no les estorbemos», sentenció Mendoza, subrayando la brecha entre el discurso diplomático del gobierno y la experiencia de quienes excavan la tierra en busca de sus familiares.
La CIDH documentó un aumento «alarmante» en los señalamientos contra agentes del Estado en el contexto de la creciente militarización de la seguridad pública. El informe detalla cómo el reclutamiento forzado de jóvenes y la vulnerabilidad extrema de mujeres, migrantes y la comunidad LGBTIQ+ han configurado un panorama donde el Estado mexicano parece haber perdido el monopolio de la protección ciudadana, permitiendo que la infiltración criminal neutralice los órganos administrativos y judiciales.
