Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Meoqui, Chih., a 16 de mayo del 2026.- La víspera de la «Marcha por la Soberanía» en Chihuahua se ha transformado en un escenario de confrontación civil y anarquía carretera. Grupos de agricultores, productores lecheros y ciudadanos organizados han establecido puntos de control sobre la Carretera Federal 45, en un intento por frenar lo que denuncian como un «acarreo masivo» de simpatizantes de Morena provenientes de estados tan lejanos como Veracruz y Baja California.
Sin embargo, la tensión ha escalado más allá de la protesta civil: reportes de pasajeros indican la presencia de retenes operados por grupos criminales en la ruta Cuauhtémoc-Chihuahua, añadiendo un componente de peligrosidad a una jornada ya marcada por la polarización.
A la altura de Lázaro Cárdenas y Meoqui, el libre tránsito se ha visto condicionado por el origen de los viajeros. Con consignas como «Chihuahua es de los chihuahuenses» y «No al narcogobierno», los manifestantes interceptan autobuses para exigir identificaciones oficiales. La consigna es clara: «El que no es de aquí, que se regrese».
A diferencia de las tradicionales liberaciones de casetas para asfixiar las finanzas gubernamentales, esta táctica de bloqueo total busca desarticular la logística de la movilización opositora. «No queremos molestar a nadie, simplemente no vamos a dejar que haya acarreos», afirmó un productor lechero en el sitio, quien incluso aseguró contar con una inusual «tolerancia» por parte de elementos de la Guardia Nacional presentes en la zona.
El aspecto más inquietante de la jornada surgió en la zona occidente. Testimonios de ocupantes de unidades interceptadas en la vía Cuauhtémoc-Chihuahua revelaron haber sido detenidos por sujetos armados. Según los relatos, estos grupos criminales interrogan a los viajeros sobre su destino; al confirmar su participación en la marcha de Morena, son obligados a retornar bajo amenaza, evidenciando una preocupante convergencia de intereses o, al menos, de métodos entre la protesta social y el control territorial delictivo.
Hasta el momento, ni la administración de María Eugenia Campos ni la dirigencia estatal de Morena han emitido una postura oficial ante la parálisis de las vías federales. La ausencia de operativos de despeje por parte de las autoridades estatales sugiere un cálculo político de alto riesgo, mientras que la capital del estado se prepara para una movilización que, antes de iniciar, ya ha logrado cerrar las arterias principales del estado.
En este clima de «ley de la selva» carretera, la pregunta que queda en el aire es quién garantiza la seguridad de los ciudadanos —libres o movilizados— en un estado donde las fronteras internas parecen haber sido trazadas por la militancia y el miedo.
