Por: Sandra Dueñes Monárrez
Chihuahua, Chih., a 17 de mayo del 2026.- La reciente movilización convocada por Morena en la capital del estado, lejos de convertirse en una demostración de músculo político, se ha transformado en el nuevo campo de batalla discursivo entre el partido oficialista y la oposición.
En ese sentido, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local ha capitalizado la baja afluencia del evento para cuestionar la legitimidad del proyecto lopezobradorista en una de las plazas más críticas para el bloque opositor.
Aunque las expectativas del partido en el poder apuntaban a una movilización masiva, los registros visuales y las estimaciones sitúan la asistencia en torno a los dos mil participantes, una cifra que los legisladores del PRI utilizaron como evidencia de un «repudio» creciente hacia lo que califican como una gestión permeada por la «narcopolítica».
El posicionamiento priista no se limita a la crítica numérica. La bancada tricolor ha optado por enmarcar el evento bajo una narrativa de resistencia cultural y política. Según los legisladores, la disparidad entre la convocatoria oficial y la realidad en las calles revela que el modelo de gobierno centralista enfrenta una barrera ideológica en Chihuahua, un estado con una tradición política marcada por la defensa del federalismo y la autonomía institucional.
“Chihuahua no es terreno fértil para el proyecto autoritario”, sentenció el Grupo Parlamentario, subrayando una postura que busca posicionar al estado no solo como un bastión opositor, sino como un contrapeso necesario ante el avance de Morena.
El núcleo de la crítica priista reside en la acusación de una supuesta tolerancia hacia el crimen organizado. Al vincular el modelo de Morena con la erosión del estado de derecho, los diputados locales intentan alinear el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos con la necesidad de defender las instituciones actuales. La narrativa busca contrastar la visión de país del oficialismo —la cual califican de permisiva ante la violencia— con la agenda local de seguridad que, aseguran, prioriza el combate al crimen y la protección de la juventud.
Un punto de alta sensibilidad en el posicionamiento fue la mención de Andrés López Beltrán, a quien el PRI etiquetó como el símbolo de la corrupción y el influyentismo. La presencia de figuras de la cúpula nacional en el estado ha sido leída por la oposición como una «injerencia externa» que, lejos de sumar adeptos, ha exacerbado el celo por la soberanía local.
Para el PRI, la respuesta de diversos sectores —agricultores, jóvenes y sociedad civil— durante el fin de semana fue un mensaje claro: la ciudadanía chihuahuense rechaza la «barredora» de influencias externas.
Más allá de la retórica política, este episodio refleja una realidad palpable en el Congreso de Chihuahua: la polarización está en su punto máximo ya que mientras Morena busca consolidar una base electoral que le permita penetrar en el norte del país, el bloque opositor ha encontrado en la resistencia a esas mismas políticas una herramienta de cohesión interna.
La pregunta que subyace, y que el PRI intenta instalar en la agenda pública, es si la baja participación en la marcha es un hecho aislado o el síntoma de una desconexión más profunda entre la estrategia nacional de Morena y la identidad política del chihuahuense. Por ahora, el tono del debate político en Chihuahua se mantiene tenso, con ambas partes preparándose para una confrontación que, de cara a los próximos procesos, promete ser cada vez más cerrada.
