Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 22 de mayo del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros ocho exfuncionarios cuentan con fichas rojas de Interpol tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
Es importante precisar que en torno a estos hecho quedan a la deriva una serie de dudas en primero que a pesar de la gravedad de las fichas rojas (que alertan a nivel internacional para detención), la presidenta fue tajante al señalar que «no hay nada legal que obligue» al Gobierno de México a mantener una vigilancia particular sobre ellos. Esta postura levanta cuestionamientos inmediatos sobre la voluntad real del Estado para colaborar en la justicia transnacional.
De igual modo, la presidenta confirmó que Rubén Rocha permanece en su domicilio en Sinaloa bajo resguardo de la Guardia Nacional. Esta declaración resulta contradictoria ya que, mientras el gobierno estadounidense lo señala por vínculos criminales, el Estado mexicano mantiene activos esquemas de protección para figuras bajo la lupa de la justicia internacional.
Sobre el resto de los implicados, como el senador Inzunza, la respuesta fue evasiva: «no tengo información, pero pregunto». Esta falta de certeza en el gabinete presidencial sobre el paradero de personas con alertas de Interpol exhibe una preocupante falta de control o una omisión deliberada.
La administración federal se refugia en la formalidad técnica: mientras no salgan del país, la ficha roja es, para efectos prácticos dentro de territorio nacional, un documento estéril. Al desmarcarse de una vigilancia activa, el Ejecutivo abre la puerta a una pregunta que circula en los círculos políticos: ¿Se trata de respeto al debido proceso o de una red de protección política que aún no se rompe?
La realidad es que, mientras los acusados se mantienen en su esfera de confort, la imagen internacional de México se tensa. La pregunta que queda en el aire es: si la justicia de EE. UU. los tiene en la mira, ¿quién los vigila realmente en casa?
