Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 25 de mayo de 2026. — En un tono de abierta confrontación con el Gobierno Federal, el senador Mario Vázquez Robles calificó como un «golpe al federalismo y a la soberanía de Chihuahua» la reciente citación emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) hacia la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, el legislador sostuvo que el citatorio —relacionado con las investigaciones por los hechos ocurridos hace más de un mes en el municipio de Morelos— constituye una falta de respeto a la investidura de la titular del Ejecutivo estatal.
«Un acto político», señaló el senador Vázquez Robles argumentó que esta acción de la FGR no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia partidista orquestada por Morena. Según el senador, el llamado a declarar busca «generar una escena» para proyectar un juicio anticipado contra la mandataria.
«Mientras Chihuahua combate al crimen organizado, Morena combate a Chihuahua», declaró Vázquez Robles. Asimismo, vinculó el clima de tensión política con la reciente visita de la secretaria Ariadna Montiel Reyes al estado, sugiriendo que existe una intención deliberada de desestabilizar la gestión de Campos Galván mediante el uso de las instituciones federales.
El senador hizo un llamado a los chihuahuenses para cerrar filas en torno a la gobernadora, argumentando que la defensa de su figura representa, en última instancia, la defensa de la dignidad y la autonomía del estado frente a lo que llamó «el centralismo» del Gobierno Federal.
«Son demasiados los agravios a Chihuahua y las persecuciones que se han dado día con día desde la mañanera», enfatizó el senador, quien actualmente preside la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado.
La postura de Vázquez Robles subraya la creciente fractura política entre la administración estatal panista y la Federación. Hasta el momento, la FGR no ha emitido declaraciones adicionales sobre los detalles del citatorio ni sobre el estatus jurídico de la gobernadora, mientras que desde el entorno estatal se mantiene la narrativa de una persecución política como respuesta a la labor de seguridad en la entidad.
La confrontación escala en un escenario donde el Poder Judicial y las instituciones de procuración de justicia federales se han convertido en el eje de una disputa que mantiene polarizada la opinión pública en Chihuahua.
