Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 2 de junio del 2026.- El senador Javier Corral Jurado anunció formalmente su decisión de desistirse de la impugnación legal que mantenía en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván por el presunto delito de “privación de la libertad personal, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones”
Este proceso legal se remonta a los eventos ocurridos en el bar «GIN GIN» de la capital del país, lugar donde agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Javier Corral Jurado por presuntos delitos de peculado y desvío de recursos.
Sin embargo, en un girp estratégico, el senador se desistió para evitar que la gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván no continue utilizando este proceso como una “herramienta de victimización mediática y manipulación política”.
En un comunicado conjunto con su asesoría jurídica, se argumentó que esta decisión responde a la necesidad de no validar la «distorsión informativa» que, a juicio del legislador, ha operado la administración estatal encabezada por Campos Galván.
Corral Jurado sostiene que la gobernadora ha actuado con un «doble rasero», ya que mientras en la Ciudad de México califica el trámite judicial como persecución política, en Chihuahua lo presenta como una prueba de exoneración.
No obstante, a pesar de que este desistimiento deja firme la determinación judicial previa, el equipo legal del senador subrayó que el caso no está cerrado, ya que los señalamientos por actos concertados e ilegales contra autoridades ministeriales, judiciales y del ejecutivo estatal de Chihuahua continúan bajo investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).
El documento concluye con una postura crítica hacia el sistema de justicia nacional, exigiendo una investigación a fondo tanto de las denuncias interpuestas contra la administración del exgobernador Corral Jurado como del presunto uso faccioso de las instituciones por parte de la administración de Campos Galván. Con esta medida, el senador busca trasladar el foco del litigio hacia una exigencia de rendición de cuentas institucional, apelando a una opinión pública que, según el comunicado, está cansada de la utilización política del sistema judicial.
