Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 3 de junio del 2026.- En un cambio significativo de estrategia en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ambos integrantes del partido Morena y aliados cercanos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta medida forma parte de una serie de investigaciones que, a diferencia de años anteriores donde el foco eran los líderes de los cárteles, ahora se centra en funcionarios gubernamentales en ejercicio sospechosos de colaborar con el crimen organizado.
Según fuentes consultadas, tanto Durazo como Villarreal han sido despojados de sus visados estadounidenses en el marco de investigaciones penales. No obstante, ambos mantienen acceso a territorio estadounidense bajo un programa denominado «libertad condicional por beneficio público significativo», el cual se reserva habitualmente para individuos que colaboran como testigos en investigaciones ante grandes jurados.
- Alfonso Durazo (Sonora): El exsecretario de Seguridad Federal, conocido por implementar la política de «abrazos, no balazos», es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Según se ha reportado, el gobernador utiliza este permiso especial para recibir tratamiento médico en Estados Unidos.
- Américo Villarreal (Tamaulipas): La investigación contra el mandatario tamaulipeco está relacionada con el tráfico de combustible ilícito, conocido como «huachicol». Villarreal ha negado categóricamente estas acusaciones, calificándolas de falsas y carentes de pruebas, mientras sostiene haber actuado siempre conforme a la ley.
La administración de Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido una postura de defensa de la soberanía nacional ante estas acciones. La presidenta ha desestimado las investigaciones estadounidenses, calificándolas de injerencia política en los asuntos internos de México y de intentos de influir en los procesos electorales de 2026 y 2027.
A pesar de la presión para que funcionarios como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sean extraditados, Sheinbaum Pardo ha cerrado filas con su partido, rechazando las peticiones de Washington y señalando que cualquier decisión sobre estos casos se basará en una evaluación propia de la conducta de los implicados, no bajo presión extranjera.
La nueva táctica de la administración Trump, que incluye la cancelación discreta de visas —medida que según reportes ha afectado a al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos en el último año—, amenaza con tensar aún más la relación comercial y de seguridad entre ambos países, especialmente ante la próxima revisión del acuerdo de libre comercio.
Mientras el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos encabeza esta estrategia, analistas advierten que la situación coloca a la presidenta Sheinbaum en una posición compleja frente a las elecciones de medio término de 2027, obligándola a equilibrar la defensa de su partido con la necesidad de gestionar una relación diplomática cada vez más confrontativa con su principal socio comercial.
