Por: Redacción
Ciudad de México., a 6 dejunio del 2026.- Derek S. Maltz, exdirector interino de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), emitió un exhorto directo al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que proceda con la detención y extradición de diversos exfuncionarios mexicanos señalados por el Departamento de Justicia estadounidense.
A través de sus redes sociales, el exfuncionario estadounidense instó a las autoridades mexicanas a «detener a los funcionarios corruptos que fueron recientemente acusados» y enviarlos a Nueva York para enfrentar procesos judiciales.
Aunque Maltz evitó mencionar nombres específicos en su publicación, el contexto apunta a la reciente solicitud de detención con fines de extradición contra diez integrantes y exintegrantes de la administración de Sinaloa. Entre los señalados se encuentran el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.
La postura de Maltz va más allá de un simple llamado a la justicia; plantea una crítica estructural sobre la estrategia de seguridad en México. El exdirector de la DEA sostiene que la lucha contra los grupos criminales, a los que denomina «cárteles del terror», está destinada al fracaso si no se confronta la red de complicidades oficiales que permite su operatividad.
El exfuncionario argumentó los siguientes puntos críticos para una estrategia de seguridad seria:
- Corresponsabilidad: La derrota de los cárteles exige poner el mismo énfasis en los criminales que ejercen la violencia directa que en aquellos funcionarios que facilitan sus operaciones.
- Adaptabilidad criminal: Según Maltz, los grupos delictivos logran adaptarse y sobrevivir gracias a la protección, el lavado de dinero y la impunidad de la que gozan sus colaboradores en el sector público.
- Cooperación y rendición de cuentas: La estrategia de seguridad requiere, a juicio del exdirector, de investigaciones transparentes y una cooperación internacional que no ceda ante intereses políticos locales.
Este exhorto ocurre en un momento de alta tensión política para el oficialismo mexicano. Mientras figuras como la secretaria Ariadna Montiel han evitado definir la postura del partido respecto a una posible expulsión de Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado que cualquier proceso se sustente en «pruebas con base en las leyes mexicanas».
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha precisado que, hasta el momento, el exgobernador Rocha Moya no cuenta con una ficha roja de la Interpol, manteniendo el estatus legal de los implicados en una zona de incertidumbre mientras la presión internacional desde Washington continúa escalando.
