Por: Sandra Dueñas Monárrez.
Ciudad de México, a 7 de junio del 2026. – La protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México atraviesa un momento crítico. Un reciente informe presentado por Amnistía Internacional ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU sitúa al país como uno de los entornos más peligrosos a nivel global para el ejercicio de estas labores, denunciando la ineficacia sistemática de las políticas de salvaguarda del Estado mexicano.
El documento destaca que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el asesinato de personas defensoras de derechos humanos, con 32 casos registrados en el último periodo analizado. En el caso del gremio periodístico, el país se mantiene como el más peligroso del hemisferio occidental desde 1992, con al menos siete comunicadores asesinados en 2025 en represalia por su labor informativa.
Aunque el Mecanismo de Protección opera actualmente bajo el programa presupuestario P017 de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ejerciendo recursos anuales que rondan entre los 600 y 800 millones de pesos, la realidad operativa es deficiente. Amnistía Internacional y organizaciones civiles advierten que el presupuesto es insuficiente ante una crisis de violencia que no cede, donde la impunidad alcanza niveles del 99%.
El informe subraya que las fallas estructurales que comprometen la vida de los beneficiarios incluyen:
- Saturación y tardanza: El padrón supera ya las 2,000 personas protegidas, provocando que los análisis de riesgo demoren más de 24 horas y carezcan de metodologías adecuadas.
- Falta de perspectiva de género: El sistema falla al no integrar un enfoque que atienda las vulnerabilidades específicas de mujeres periodistas y defensoras.
- Ineficacia operativa: Existe una marcada falta de coordinación con instituciones como la FEADLE y fiscalías estatales, reduciendo la protección a medidas paliativas —como botones de pánico— que resultan insuficientes ante amenazas reales.
Amnistía Internacional es tajante, el Estado mexicano debe abandonar las declaraciones que estigmatizan a la prensa y a los defensores, ya que estas solo desacreditan su labor en lugar de protegerla.
En ese sentido, la organización advierte que, mientras el gobierno no asuma su responsabilidad de investigar de manera independiente e imparcial todos los ataques, el sistema de protección seguirá siendo una medida paliativa incapaz de frenar el ciclo de violencia e impunidad que acecha a quienes alzan la voz en México.
