Por: La Redacción.
Poza Rica, Ver., a 12 de junio del 2026.- El asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez, ocurrido la madrugada de este jueves en Poza Rica, ha encendido nuevamente las alarmas sobre la vulnerabilidad del gremio periodístico en Veracruz y la ineficacia de las medidas de protección estatal.
López Valdez, de 29 años, reportero del portal Vanguardia de Veracruz y director de Reportaje Policiaco Veracruzano, fue atacado a tiros por un grupo armado mientras circulaba por la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones. A pesar de contar con medidas de protección emitidas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) debido a amenazas previas, el comunicador no recibió la salvaguarda necesaria para evitar el atentado.
El gremio periodístico ha denunciado la falta de garantías en la entidad. Compañeras del reportero lamentaron que, a pesar de las alertas y la solicitud explícita de protección, el Estado falló en su deber de salvaguardar su vida mientras se encontraba en ejercicio de su labor informativa.
Este hecho se suma a un historial violento en la región durante 2026:
- Es el segundo asesinato de un periodista en la región este año, tras el homicidio de Carlos Castro, director de Código Norte, el pasado 8 de enero.
- Apenas el 2 de junio, la reportera Roxana Berenice Guzmán fue víctima de secuestro en el municipio de Nanchital, incidente que ella misma documentó en video.
La Fiscalía estatal ha iniciado una investigación, y entre las líneas principales destaca una denuncia previa interpuesta por el propio López Valdez, quien señaló presunto hostigamiento por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Por su parte, la CEAPP emitió un pronunciamiento exigiendo una investigación exhaustiva con perspectiva de libertad de expresión. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido cuestionada por organizaciones locales como Reportaje Veracruzano, que en su editorial «Poza Rica, tierra de nadie para la prensa», sentenció que la protección al periodista no puede reducirse a «trámites, reuniones o comunicados» mientras los comunicadores continúan siendo asesinados.
El caso ha trascendido las fronteras estatales. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró el hecho con preocupación, exhortando a las autoridades a investigar el crimen vinculándolo directamente con su labor periodística. Asimismo, la organización Artículo 19 ha demandado medidas de protección urgentes para la familia del comunicador.
Este asesinato no solo representa una tragedia humana, sino un golpe directo al derecho de la ciudadanía a recibir información en un estado donde la violencia contra la prensa parece haberse normalizado ante la falta de justicia.
