Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 18 de junio del 2026.- En el marco de la «Conferencia del Pueblo», una investigación del Laboratorio de Periodismo de Guanajuato y la plataforma Connectas reveló un esquema de gasto millonario que pone en tela de juicio la eficacia de las estrategias de seguridad en México.
La empresa Securitech, proveedora de tecnología, ha recibido más de 52 mil millones de pesos por parte de 37 gobiernos estatales y municipales entre 2012 y 2025, un esquema que incluye a Chihuahua a través de la denominada Plataforma Centinela.
El periodista Arnoldo Cuéllar, quien presentó los hallazgos, cuestionó la opacidad en la contratación y la carencia de auditorías de desempeño expuso una contradicción alarmante: a pesar de la inversión masiva en tecnología, los índices de homicidios y la percepción de inseguridad no solo no han disminuido, sino que han escalado.
Como ejemplo crítico, la investigación citó el caso de Guanajuato, donde la instalación de más de 4 mil cámaras apenas derivó en la aportación de 200 videos para investigaciones ministeriales en un periodo prolongado, evidenciando una desconexión entre la tecnología adquirida y su utilidad real para la procuración de justicia.
Al ser cuestionada sobre este modelo de gasto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que el uso de recursos federales está estrictamente regulado y debe responder a diagnósticos reales. No obstante, marcó una línea clara: la tecnología es solo un instrumento, no una solución mágica.
«Pero la tecnología no lo es todo. Tienes que tener servidores públicos honestos, profesionales, que amen su trabajo, que amen al pueblo y que amen a la patria. De otra manera, por más tecnología que tengas, pues no sirve de nada», declaró la mandataria.
El intercambio subraya la urgente necesidad de transitar hacia una gestión de la seguridad pública que priorice la transparencia y el combate al origen de la criminalidad, en lugar de centrar la estrategia únicamente en la adquisición de equipo técnico. La inclusión de la Plataforma Centinela en este reporte de Connectas pone bajo la lupa los contratos de seguridad en Chihuahua, exigiendo una rendición de cuentas que, hasta ahora, parece ser inexistente frente a una violencia que no cesa y a la opacidad de la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván en trasparentar los contratos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) con la empresa Seguritech.
Mientras la investigación de Connectas pone en escrutinio público la opacidad en los contratos, las autoridades estatales de Chihuahua sostienen que la Plataforma Centinela ha sido el eje de una reducción sostenida en los índices delictivos. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y datos respaldados por organismos como FICOSEC, el despliegue tecnológico ha permitido reportar descensos en delitos de alto impacto.
La SSPE reporta una disminución del 19% en víctimas a nivel estatal respecto a la administración previa. En Ciudad Juárez, se contabilizan 1,236 víctimas menos durante la actual gestión, mientras que en la capital, FICOSEC ha confirmado una reducción del 26% en el mismo rubro.
En municipios como Delicias, la cobertura total de la plataforma se ha traducido, según cifras oficiales, en una baja del 54% en robo a casa habitación y un 14% en homicidios dolosos contra mujeres.
Centro de Mando C7-iA reporta la captura de más de 560 «generadores de violencia» y el aseguramiento de un arsenal que incluye 164 armas de fuego y explosivos, además de reducir un 23% el tiempo de respuesta ante emergencias.
No obstante, las autoridades reconocen una desconexión crítica: la percepción ciudadana de inseguridad no disminuye a la par de las cifras oficiales. Aunque los mapas de calor delictivo validan un descenso en la incidencia numérica, la violencia persiste de forma focalizada en regiones bajo control del crimen organizado. Este escenario genera una dualidad donde los números estatales muestran avances, mientras la investigación periodística cuestiona si el costo financiero —los miles de millones de pesos entregados a empresas como Securitech— se traduce realmente en un entorno seguro o simplemente en una infraestructura técnica que aún enfrenta retos significativos para pacificar el territorio.
A pesar de los resultados internos antes mencionados que el Gobierno del Estado de Chihuahua atribuye a la Plataforma Centinela, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan una realidad compleja: Chihuahua vive una paradoja de seguridad.
Aunque la entidad reporta reducciones porcentuales en su propia incidencia delictiva, se mantiene estancada en los primeros lugares de violencia a nivel nacional, ocupando actualmente la tercera posición en víctimas de homicidio doloso, concentrando el 7.7% del total del país, solo por detrás de Guanajuato y Baja California.
La brecha entre la «mejora interna» y el estancamiento nacional se profundiza al observar el Índice de Paz México del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), que ubica a Chihuahua en el lugar 26 de 32 estados. Esta clasificación sitúa a la entidad entre las menos pacíficas del país, un fenómeno impulsado principalmente por la violencia persistente en la franja fronteriza y la zona serrana.
Al contrastar a Chihuahua con otras entidades, la diferencia es clara: mientras los estados con tecnología limitada dependen de reportes manuales y operativos tardíos, la Plataforma Centinela ha permitido una eficiencia focalizada, logrando reducir en un 25% el robo de vehículos y elevar la confianza ciudadana hacia la Policía Estatal a un 62.3%, superando la media nacional.
Sin embargo, los especialistas y las cifras oficiales coinciden en un punto ciego: la tecnología de punta es capaz de contener la delincuencia común y optimizar la respuesta policial, pero es insuficiente para erradicar las disputas armadas entre cárteles de la droga.
«Chihuahua experimenta una notable desaceleración de su propia criminalidad, pero su peso histórico en el narcotráfico impide que descienda rápidamente de los primeros puestos de violencia a nivel federal», se desprende del análisis de datos.
En esencia, la infraestructura digital ha logrado limpiar la estadística de delitos patrimoniales, pero el impacto del crimen organizado sigue siendo una constante que la tecnología, por sí sola, no puede abatir.
