Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 30 de junio del 2026.- El diputado local de Morena, Oscar Avitia Arellanes, demandó formalmente al Fiscal General del Estado y al Secretario de Seguridad Pública que informen si existen registros, denuncias o carpetas de investigación vigentes contra la presidenta nacional de Morena, Andrea Chávez Treviño, y la senadora con licencia, Ariadna Montiel Reyes, por la presunta venta ilegal de terrenos en la Sierra Tarahumara o zonas protegidas.
Este pronunciamiento surge tras las recientes acusaciones públicas emitidas por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, las cuales, según el legislador, carecen de resoluciones judiciales que acrediten responsabilidad alguna.
Avitia Arellanes calificó estos señalamientos como una violación al principio de presunción de inocencia y al debido proceso, sugiriendo que la narrativa oficial responde más a una estrategia de confrontación política que a un ejercicio responsable de la administración pública.
«No es la primera vez que la titular del Ejecutivo utiliza señalamientos sin sustento como herramienta de confrontación, mientras Chihuahua enfrenta problemas que exigen atención real, como la inseguridad y la falta de resultados en procuración de justicia», declaró el diputado.
El legislador también arremetió contra el Secretario de Seguridad Pública del Estado, calificando de irresponsable su participación en la difusión de estas acusaciones. Avitia argumentó que, desde una posición oficial, un funcionario de seguridad no puede validar acusaciones como hechos probados, ya que esto prejuzga y genera una «irresponsabilidad institucional» que vulnera la imparcialidad que debería caracterizar a las dependencias de seguridad.
Avitia Arellanes enfatizó que, en un Estado democrático, las imputaciones de carácter penal deben canalizarse exclusivamente a través de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales, las cuales deben trabajar con autonomía. El diputado precisó que defender la presunción de inocencia no es una forma de obstaculizar la rendición de cuentas, sino una exigencia para que cualquier responsabilidad se determine conforme a derecho y no a través de «conferencias de prensa calculadas políticamente».
Finalmente, el diputado hizo un llamado a la gobernadora para que, en caso de no contar con pruebas que sustenten sus dichos, ofrezca una disculpa pública por lo que calificó como señalamientos infundados, reiterando su petición de que el Ejecutivo se abstenga de utilizar los recursos del Estado para fines ajenos a las necesidades urgentes de la sociedad chihuahuense.
