Por: Sandra Dueñas Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 1 de julio del 2026.- Mientras la violencia armada continúa azotando regiones como la de Tutuaca, Aldama y en regiones de la Sierra Tarahumara principalmente en Madera, Guadalupe y Calvo, Carichi, entre otras regiones del estado de Chihuahua, cuya violencia revela una tendencia preocupante a nivel nacional.
De acuerdo con el portal de datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los casos de incautaciones de armas en México han experimentado un incremento exponencial en los últimos años.
Las estadísticas reflejan una realidad que escala sin freno:
En 2016, se contabilizaron 3 mil 677 casos de incautación de armas.
Para 2020, la cifra se disparó a 19 mil 775 casos, marcando un punto de quiebre en la disponibilidad de armamento en el país.
La tendencia al alza se mantuvo constante hasta llegar a los 23 mil 029 casos registrados en 2022, la cifra más alta en el periodo analizado.
Esta información de la UNODC expone una fractura profunda en la estrategia de seguridad nacional pues el aumento constante en el número de casos de incautaciones no solo evidencia la mayor presencia de armamento en manos de grupos delictivos, sino que plantea un cuestionamiento directo sobre la efectividad de las medidas de control en las fronteras y puntos estratégicos.
Si bien las corporaciones logran asegurar un mayor número de armas año con año, el hecho de que la cifra siga creciendo al cierre de 2022 sugiere que el flujo de armamento hacia el territorio nacional supera, con creces, cualquier esfuerzo de contención. Mientras el Estado celebra las incautaciones como un triunfo operativo, la realidad en las comunidades rurales —como lo vivimos en San Francisco de Borja— demuestra que la capacidad de fuego de los grupos delictivos no disminuye, sino que se ha consolidado como una amenaza constante que el sistema de justicia y seguridad aún no logra neutralizar.
Según reportes recientes, entre octubre de 2024 y mediados de 2026, el Ejército y la Marina lograron un número histórico al confiscar más de 28 mil 000 armas de fuego. No obstante, este arsenal representa apenas una fracción del flujo constante que ingresa anualmente al territorio nacional.
El problema, que crece de manera silenciosa, tiene una raíz clara: entre el 70% y el 90% de las armas aseguradas en el país provienen de Estados Unidos, lo que ha llevado a las autoridades mexicanas a insistir en la necesidad de un mayor control en la frontera norte.
La estrategia de incautación ha sido especialmente intensa en estados como Sinaloa, Sonora, Michoacán y, de manera constante, Chihuahua, entidad que se mantiene en los primeros lugares a nivel nacional en decomisos. La gravedad del desafío aumenta ante la sofisticación del armamento asegurado; los informes señalan que los grupos criminales no solo utilizan armas cortas, sino armamento de grado militar, incluyendo lanzacohetes y ametralladoras provenientes de diversos mercados internacionales y zonas de conflicto.
Más allá de la violencia, el tráfico ilícito se sostiene como un negocio altamente lucrativo para el crimen organizado transnacional, cuyo flujo constante de recursos y armas tiene un impacto severo en la seguridad pública.
