Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Guachochi, Chih., a 7 de julio del 2026.- La diputada de Morena, Edith Palma Ontiveros, denunció una «grave omisión institucional» por parte del Poder Ejecutivo estatal, al mantener bloqueada la entrada en vigor de la nueva Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua. A pesar de haber sido aprobada por unanimidad en el Congreso desde enero de 2024, el decreto permanece sin ser publicado en el Periódico Oficial del Estado.
El objetivo de la nueva legislación es abrogar la ley vigente desde 2013, la cual, según la legisladora, se encuentra totalmente desfasada frente a los desafíos actuales de las comunidades originarias. La nueva norma busca actualizar las obligaciones estatales para garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de estos sectores, producto de un proceso de consulta previa.
Durante su intervención en la Diputación Permanente, Palma Ontiveros fue contundente al señalar que el decreto no recibió observaciones por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván durante el proceso legislativo, por lo que su negativa a publicarlo carece de sustento jurídico o argumentación pública.
«Negarse a publicar este decreto implica desacatar el orden constitucional; es violentar la Constitución que todos los servidores públicos juramos cumplir. Es una omisión de enorme gravedad institucional que debilita al Estado», afirmó la diputada.
Ante el silencio del Ejecutivo, la legisladora invocó el artículo 74 de la Constitución Política del Estado, el cual establece que, si vencido el plazo para formular observaciones el Gobernador no publica la ley, esta debe considerarse promulgada. Bajo este precepto, el Pleno Legislativo tiene la facultad de ordenar directamente su publicación en el Periódico Oficial.
La exigencia de la diputada Palma es clara: el Congreso debe ejercer su facultad constitucional para que la nueva ley finalmente entre en vigor, evitando que la voluntad de los pueblos indígenas siga subordinada a lo que calificó como una falta de voluntad política por parte del Gobierno del Estado.
«La gobernadora ha mantenido en su poder dicho decreto sin publicarlo, incumpliendo con la obligación constitucional que le corresponde», concluyó Palma Ontiveros, subrayando que Chihuahua continúa operando bajo un marco legal indígena que no responde a la realidad actual de sus pueblos originarios.
