Por: Redacción.
Ciudad de México., a 9 de julio de 2026.- El Gobierno de México mantiene una postura firme ante las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios estatales. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado las pruebas necesarias para sustentar dichos requerimientos bajo el marco jurídico mexicano.
Durante una conferencia de prensa, funcionarios de la FGR señalaron que, aunque la cooperación bilateral se mantiene, no existen elementos probatorios suficientes en México para ejecutar las órdenes solicitadas por Washington. David Boone, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, confirmó que se han realizado entrevistas al gobernador Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, como parte del seguimiento a los señalamientos.
Por su parte, la fiscal general, Ernestina Godoy, precisó que se ha solicitado formalmente a sus homólogos estadounidenses que expliquen la urgencia de las detenciones y aporten las evidencias que respalden la acusación formal presentada el pasado 29 de abril por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Dicha acusación señala a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de colaborar con la facción de «Los Chapitos» en el tráfico de sustancias ilícitas y otros delitos graves, incluyendo conspiración y, en el caso de Juan Valenzuela Millán, secuestro con resultado de muerte.
En respuesta a las peticiones, y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicas las comunicaciones diplomáticas sobre este tema. La Cancillería enfatizó los siguientes puntos:
- Cualquier acción judicial debe basarse en pruebas claras, verificables y compatibles con la legislación nacional.
- Se reafirmó que la FGR es la única institución facultada para determinar el curso legal de los procedimientos, siempre en apego al Estado de derecho.
- México manifestó su inconformidad por la difusión pública de información sobre las solicitudes antes de concluir los procedimientos judiciales, advirtiendo que esto puede vulnerar el derecho al debido proceso de los señalados.
- Aunque el gobierno mexicano sostiene su cooperación en materia de seguridad, subrayó que no permitirá injerencias externas en decisiones que competen exclusivamente a las autoridades nacionales.
Mientras la FGR mantiene abierta la investigación, el gobierno mexicano reitera su compromiso con el debido proceso, recordando que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, las acusaciones actuales siguen siendo imputaciones formales y los involucrados conservan su presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.
