Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 30 de julio del 2026.- En respuesta a la denominada «campaña antiargentina» surgida tras la final del Mundial de Futbol, el presidente de Argentina, Javier Milei, expidió un decreto que modifica la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso, expulsar o cancelar la residencia a extranjeros que divulguen «mensajes de odio», discriminación o violencia por razón de nacionalidad, así como a quienes participen en ultrajes a los símbolos patrios.
La medida, justificada por la presidencia como un mecanismo para proteger «al pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional» ante manifestaciones de hostilidad, generó de inmediato un fuerte rechazo político y cuestionamientos sobre su congruencia institucional.
Analistas y opositores señalaron que, previo a la emisión del decreto, no se tiene registro de expresiones de odio generalizadas por parte de extranjeros en el país, contrastando con la realidad de que las tensiones se han alimentado desde posturas nacionalistas y comentarios emitidos por sectores locales. Asimismo, se criticó la paradoja de que la normativa sea impulsada por un mandatario frecuentemente señalado por utilizar expresiones descalificativas contra opositores, gobernantes extranjeros y la izquierda internacional, recordando su reciente participación en un mitin en Brasil donde llamó «ladrón», «basura socialista» y «presidiario» a Luiz Inácio Lula da Silva.
Diversas figuras políticas calificaron la decisión presidencial como un acto autoritario y desproporcionado:
Florencia Carignano, diputada y exdirectora de Migración, ironizó en redes sociales al señalar que si todos los países aplicaran una medida similar, Milei tendría prohibido el ingreso a naciones como Brasil, Chile, México, España y Colombia, acusando al gobierno argentino de hacer de los mensajes de odio una «política de Estado».
Esteban Bullrich, diputado de Propuesta Republicana (PRO), catalogó la disposición del Ejecutivo como «la estupidez más grande del 2026».
Maxi Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, descalificó el decreto al calificarlo como un acto de «patrioterismo desprolijo e inconstitucional» que responde a intereses personales antes que a una urgencia real del país.
