Por: La Redacción.

Chihuahua, Chih., a 31 de julio del 2026.- El diputado local en el Congreso de Chihuahua y titular de la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario (CNARP) del CEN del PRI, José Luis Villalobos García, respaldó al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, tras la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordena el retiro de publicaciones donde se vincula a Morena con el crimen organizado.

El legislador calificó la medida como un precedente preocupante que vulnera el debate público y limita el rol fiscalizador de la oposición frente al poder en turno.

Durante la sesión del Consejo General del INE, la autoridad electoral determinó que los señalamientos emitidos por el dirigente priista debían ser retirados bajo el argumento de que las expresiones se realizaron en su calidad de líder partidista y no en el ejercicio estricto de su función legislativa, una distinción jurídica que el tricolor ha anunciado que impugnará.

Al respecto, Villalobos García cuestionó que este criterio sea utilizado para limitar la confrontación política y recordó que el artículo 61 de la Constitución federal consagra la inviolabilidad de las opiniones manifestadas por las y los legisladores en el desempeño de sus cargos.

“Cuando se intenta poner límites políticos a la voz de un legislador, estamos ante un asunto muy serio. La Constitución protege la libertad de opinión y ninguna autoridad debe convertir sus facultades en un mecanismo para inhibir la crítica”, sostuvo.

El priista advirtió que la determinación del árbitro electoral abre la puerta a un control indebido sobre los temas que la oposición puede colocar en la agenda pública, particularmente en materia de seguridad y rendición de cuentas.

“Hoy pretenden retirar expresiones incómodas como ‘narcogobierno’; mañana podrían pretender decidir hasta dónde podemos cuestionar a este régimen. Esa no es la democracia que queremos para México”, apuntó.

Finalmente, el representante del PRI confirmó que el partido agotará las vías jurídicas correspondientes para revocar la medida del INE, insistiendo en que el debate sobre la estrategia de seguridad del Estado y los presuntos vínculos políticos con la delincuencia debe mantenerse abierto en el escenario nacional.