Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 31 de julio del 2026.- Con el respaldo de más de 4 mil 700 firmas recolectadas entre profesores de distintas regiones del estado, el diputado local de Morena, Pedro Torres Estrada, impulsó este viernes en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma dirigida a endurecer las sanciones contra quienes realicen denuncias infundadas, amenazas o actos de hostigamiento en contra de trabajadores de la educación.
Acompañado por las docentes Dalila Flores Gutiérrez y Clara Cecilia Iturralde Ávila durante una rueda de prensa en el recinto legislativo, el diputado morenista sostuvo que la propuesta busca responder a un problema de vulnerabilidad institucional que, de acuerdo con el magisterio, ha afectado la estabilidad laboral, la salud y la reputación de los docentes frente a procesos administrativos o penales sin sustento.
La iniciativa plantea modificaciones en dos vertientes normativas principales:
- Ley Estatal de Educación: Incorpora la obligación expresa para madres, padres de familia y tutores de conducirse con respeto, decoro y civilidad hacia el personal docente, directivo y administrativo, prohibiendo actos de intimidación, difamación y violencia física o verbal.
- Código Penal del Estado: Propone incrementar en una tercera parte las penas aplicables cuando el delito de amenazas sea cometido en contra de personas docentes, bajo el argumento de otorgar una protección reforzada a quienes ejercen la labor educativa.
Al respecto, Torres Estrada aclaró que la intención de la reforma no es limitar el derecho ciudadano a denunciar ni encubrir conductas indebidas en las aulas, sino establecer filtros que eviten que las acusaciones falsas operen como mecanismos de persecución o presión laboral.
«Lo que buscamos es terminar con la impunidad de quienes utilizan acusaciones sin fundamento para dañar la vida profesional y personal de maestras y maestros. Defender a las y los trabajadores de la educación también significa defender la calidad de la educación pública», enfatizó el diputado.
Durante la entrega formal de los apoyos ciudadanos, la profesora Dalila Flores Gutiérrez señaló que las más de 4 mil 700 rúbricas reflejan una exigencia latente en el gremio ante la falta de herramientas institucionales efectivas para enfrentar señalamientos infundados.
En el mismo sentido, la maestra Clara Cecilia Iturralde Ávila expuso que en la práctica cotidiana diversos educadores enfrentan situaciones de agresión, amenazas y violencia por parte de tutores, lo que evidencia la urgencia de dotar de mayor certeza jurídica el ejercicio de la docencia.
Por su parte, el legislador indicó que integrantes de la Comisión de Educación han manifestado disposición para analizar el fondo de la propuesta, la cual introduce un componente punitivo que no se contemplaba en anteriores protocolos de actuación, abriendo un nuevo debate en el Congreso local sobre los límites de la relación entre padres de familia y el personal escolar.
