Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 10 de agosto del 2026.- La opacidad y el derroche de recursos públicos en Chihuahua han quedado al descubierto tras las graves revelaciones hechas por la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño sobre el denominado “Convenio Dorado”.
La investigación expone un presunto sistema de corrupción institucionalizado mediante el cual el gobierno de María Eugenia Campos Galván habría desviado cerca de 100 millones de pesos a empresas fachadas y portales de internet sin audiencia, utilizando el presupuesto de comunicación social para comprar silencios y premiar la complacencia mediática.
Desde el arranque de la actual administración estatal, el manejo de la pauta publicitaria se ha convertido en un barril sin fondo. De acuerdo con los datos presentados, el gobierno estatal ha ejercido más de 3 mil millones de pesos en publicidad oficial, disparando el presupuesto de comunicación social en más de un 350 por ciento entre 2021 y 2026.
Este crecimiento exponencial no responde a una estrategia informativa, sino a una red de contratos millonarios otorgados a agencias vinculadas directamente con operadores y familiares de figuras nacionales del Partido Acción Nacional (PAN), como Marko Cortés, Javier Lozano y Gil Zuarth. Lejos de garantizar el derecho a la información, este mecanismo financiero opera como un dique de contención para apagar los cuestionamientos críticos contra la gestión estatal.
El ejemplo más escandaloso de este esquema de simulación es el contrato adjudicado al portal lospueblosmagicos.com. A pesar de registrar una audiencia marginal de apenas 100 visitas mensuales y un promedio de tres usuarios al día, este sitio web ha logrado embolsarse cerca de 90 millones de pesos desde 2022.
Las matemáticas del descaro son insostenibles: el gobierno estatal pagó más de 71 mil pesos diarios por banners publicitarios en una página fantasma, lo que equivale a un costo de casi 25 mil pesos por cada clic recibido. Esto representa un sobreprecio escandaloso cercano al 100 mil por ciento en comparación con los estándares reales del mercado digital, denunció Andrea Chávez Treviño.
El modus operandi se repite sistemáticamente:
- Creación exprés de portales web con contenidos automatizados mediante inteligencia artificial.
- Comunidades digitales con menos de mil seguidores convertidas milagrosamente en los proveedores mejor pagados del erario.
- Asignación de contratos multimillonarios sin justificación técnica ni transparencia operativa.
La gravedad de este desvío adquiere una dimensión indignante al contrastarse con las carencias presupuestales que estrangulan a los sectores más vulnerables de la entidad. Mientras portales fantasma facturan cifras millonarias por clics inexistentes, el gobierno estatal aplica recortes de casi el 50 por ciento al presupuesto destinado a los productores agrícolas.
Del mismo modo, las personas con discapacidad en Chihuahua continúan desprotegidas por la administración local —subsistiendo únicamente con apoyos federales—, al tiempo que municipios con vocación turística y cultural como Casas Grandes, Guachochi, Creel, Batopilas y Parral sufren el abandono institucional, careciendo de la infraestructura y el impulso que merecen.
Ante este presunto atraco al erario chihuahuense, la exigencia política y legal es contundente: rescisión inmediata de los contratos fraudulentos, devolución íntegra de los recursos desviados y cero impunidad para los responsables. El «Convenio Dorado» no es un error administrativo, sino el retrato de un sistema que prioriza el saqueo por encima de las necesidades reales de la ciudadanía.
