Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 10 de agosto del 2026.- A un año de concluir la actual administración estatal, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a través de las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado —encabezadas por Alfredo Chávez Madrid y Francisco Sánchez Villegas, respectivamente—, impulsa una iniciativa de reforma constitucional para otorgar supuesta autonomía a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo, detrás del argumento de la autonomía se perfila un mecanismo de blindaje político: la propuesta contempla que sea la propia mandataria quien presente una terna directa, omitiendo un proceso abierto de selección basado en méritos, competencia y experiencia, para asegurar la designación de un titular afín por un periodo de ocho años. Esta vacante en la FGE se mantiene desde el pasado 28 de abril de 2026, tras la renuncia de César Jáuregui Moreno en medio del escándalo por la operación de agentes de la CIA en la entidad.
Esta jugada legislativa no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia transexenal sistemática para asegurar impunidad y bloquear eventuales investigaciones de corrupción al término de su gestión. El andamiaje de control institucional se ha construido previamente con designaciones clave en órganos que deberían operar con absoluta independencia:
Fiscalía Anticorrupción: La designación de Abelardo Valenzuela Holguín —identificado como un incondicional de la gobernadora— como titular de este organismo autónomo por un plazo de siete años, con vigencia hasta 2029.
Auditoría Superior del Estado: La reelección de Héctor Acosta Félix por un periodo adicional de siete años (del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2032), respaldada en su momento por votos legislativos, consolidando un perfil señalado como cercano a la administración estatal.
Organizaciones críticas y análisis del contexto político local señalan que estas posiciones clave han operado de manera parcial. En lugar de ejercer una fiscalización neutral, tanto la Auditoría Superior como la Fiscalía Anticorrupción han sido acusadas de desechar denuncias contra la administración en turno —incluyendo aquellas presentadas por legisladores de oposición— y de ser utilizadas como instrumentos de persecución política y fabricación de causas contra adversarios del régimen de Campos Galván.
La pretensión de imponer un fiscal transexenal por ocho años pone a prueba la división de poderes en Chihuahua, evidenciando cómo los cauces legales y constitucionales son adaptados mediante alianzas partidistas para garantizar la protección política de los gobernantes en turno una vez abandonen el poder.
Con información del periodico de investigación Zona Free.
