Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 24 de agosto del 2026.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y sus aliados legislativos han puesto en marcha una ruta para reformar el marco constitucional local y asegurar la designación de un titular en la Fiscalía General del Estado (FGE) que permanezca en el cargo hasta 2034. La propuesta, presentada en el Congreso local, ha encendido el debate político ante el temor de una procuración de justicia sujeta a intereses transexenales.
La iniciativa formalizada a principios de agosto establece que el periodo del próximo fiscal sea de ocho años, con posibilidad de reelección por un periodo igual. El mecanismo planteado contempla que el Poder Ejecutivo sea el encargado de enviar la terna para su votación en el Congreso.
Entre las figuras que han acaparado la atención pública en torno a este proceso se encuentra el actual Secretario de Seguridad Pública Estatal, cuyo historial y recientes registros académicos han generado suspicacias entre analistas y legisladores de oposición, quienes cuestionan si el perfil responde a una estrategia de blindaje político ante una posible alternancia.
Desde la bancada de Morena, las críticas no se han hecho esperar. Diversas voces legislativas han calificado la propuesta como un intento de instituir una fiscalía con dedicatoria política. Argumentan que centralizar la terna en el Poder Ejecutivo vulnera la autonomía real de un organismo que debería garantizar imparcialidad y rendición de cuentas.
Por otro lado, la correlación de fuerzas en el Congreso del Estado será determinante. Al requerir una mayoría calificada equivalente a las dos terceras partes de los legisladores para aprobar una modificación constitucional, los votos de distintas fuerzas políticas ajenas al bloque oficialista —así como la postura que adopten partidos aliados a la autodenominada Cuarta Transformación— definirán el futuro de la iniciativa.
El debate sobre la autonomía de la fiscalía se da en un contexto marcado por otros nombramientos de larga duración y diversos cuestionamientos hacia la administración estatal, incluyendo la reelección en la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la revisión de pendientes fiscales y operativos que han sido objeto de atención a nivel nacional y local.
Especialistas en materia jurídica y activistas sociales coinciden en que, históricamente, los diseños institucionales de fiscalías autónomas en el país han tropezado con la dificultad de consolidar una independencia de facto, perpetuando esquemas donde los órganos de procuración de justicia responden a dinámicas de protección política en lugar de atender con eficacia el rezago en seguridad y combate a la impunidad.
Con información de Sin embargo.
