Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 24 de agosto del 2026.- La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, respondió de forma tajante a los cuestionamientos en torno a la propuesta para modificar la temporalidad en la designación del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) por un periodo de ocho años.
La iniciativa, enviada por el Ejecutivo estatal y que ha generado un intenso debate en el Congreso local, ha sido interpretada por diversos sectores políticos como un intento de blindaje transexenal ante los señalamientos de presuntas irregularidades administrativas, presunto manejo opaco de recursos en obras magnas como la Torre Centinela, el manejo de la deuda pública y diversos cuestionamientos que han gravitado en torno a la administración actual.
El centro de la discusión radica en los tiempos políticos y en el perfil de quien podría ocupar el cargo por casi una década, cubriendo el cierre de la actual administración y transectando los siguientes periodos de gobierno. Versiones al interior del debate político han apuntado hacia el actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya Chávez, como uno de los perfiles contemplados a modo, avivando las suspicacias de la oposición debido a la coincidencia temporal en la obtención de sus grados académicos en derecho y la presentación de la propuesta de autonomía y reestructuración de la fiscalía.
Al ser cuestionada directamente por la prensa sobre las acusaciones de buscar la imposición de un «fiscal a modo», la mandataria estatal optó por restarle peso a los señalamientos de los críticos, zanjando el tema con una postura desafiante al declarar brevemente ante los micrófonos: «Que lo presenten primero», para posteriormente retirarse entre sonrisas y gestos de desdén ante las cámaras.
El choque institucional ocurre cuando el estado entra formalmente en la antesala del proceso sucesorio rumbo a 2027. Mientras el bloque oficialista defiende la necesidad de dar continuidad a las estrategias de seguridad mediante esquemas de blindaje institucional, los críticos advierten que extender periodos transexenales en los órganos de procuración de justicia debilita los contrapesos democráticos y abona a la desconfianza ciudadana en un momento donde la rendición de cuentas es la principal exigencia en la agenda pública de Chihuahua.
