Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 24 de agosto del 2026.- Detrás de las cifras masivas de la crisis de desapariciones en el país, existe una vertiente tan dolorosa como invisibilizada: el uso de entierros ilegales para ocultar crímenes motivados por razones de género. Entre enero de 2020 y septiembre de 2024, al menos 58 fosas clandestinas vinculadas con feminicidios fueron documentadas en México, albergando los restos de 92 mujeres, de acuerdo con las conclusiones del informe “Trazar la Ausencia, Caminar la Esperanza”.
La investigación, presentada en la capital del país por académicas e integrantes de colectivos de búsqueda, revela dimensiones alarmantes sobre la violencia machista y los múltiples obstáculos institucionales que enfrentan las familias en su búsqueda de justicia y verdad.
Uno de los datos más reveladores del estudio es que seis de cada diez fosas asociadas con feminicidios fueron localizadas en inmuebles privados, un factor que trastoca la dinámica tradicional de las labores de rastreo, enfocadas habitualmente en zonas agrestes, cerros o predios baldíos.
Mariana Marchand, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA), detalló que el 38.2% de estos inmuebles correspondía a propiedades de la propia víctima, del presunto agresor o a espacios que ambos compartían.
Este hallazgo expone una barrera estructural y legal compleja: «¿Cuántas mujeres hay, con lo que determinamos, enterradas en inmuebles privados que no sabemos?», planteó Marchand, al advertir que los cateos y revisiones en propiedades particulares representan un reto mayúsculo debido a las restricciones legales y la falta de protocolos expeditos por parte de las fiscalías.
A diferencia de las fosas clandestinas masivas asociadas a la delincuencia organizada, las vinculadas con feminicidios guardan una característica atípica: alrededor del 70% de los casos analizados pudieron ser reconocidos formalmente, permitiendo reconstruir parcialmente el horror al que se enfrentaron las víctimas dentro de sus propios entornos de confianza.
El informe también contextualiza la magnitud de la crisis nacional. Entre 2006 y septiembre de 2024, las fiscalías del país han contabilizado más de 5,100 fosas clandestinas, mientras que registros acumulados a nivel nacional suman más de 134,000 personas desaparecidas y decenas de miles de restos humanos que continúan sin ser identificados bajo el resguardo del Estado.
Frente a esta abrumadora cifra, son las familias —principalmente madres y hermanas agrupadas en colectivos— quienes continúan asumiendo una labor que corresponde por obligación constitucional a las autoridades.
Olimpia Montoya Juárez, hermana buscadora en el estado de Guanajuato, denunció durante la presentación del informe que los colectivos siguen supliendo la inacción y omisión estatal al recorrer terrenos bajo constantes riesgos y un contexto de creciente violencia y agresiones.
Para los defensores de derechos humanos y especialistas, el estudio representa un llamado urgente a transformar los protocolos de investigación ministerial, exigiendo que las indagatorias por desaparición de mujeres contemplen de manera prioritaria la revisión de espacios privados y el enfoque de género, para evitar que la impunidad y el silencio sigan sepultando la memoria de las víctimas.
