Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 11 de septiembre del 2026.- La rúa que conecta a Cuauhtémoc con la capital del estado se consolidó nuevamente como una zona de alto riesgo para los automovilistas, luego de que la madrugada de este miércoles se registrara un violento asalto a la altura del kilómetro 97, sumando al menos tres eventos delictivos de características similares en los últimos días.
De acuerdo con el reporte atendido por Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron cerca de las 03:00 horas, aproximadamente cinco kilómetros después de la caseta de cobro con dirección a Chihuahua. La víctima, un conductor de años, fue interceptado por dos sujetos armados con pistolas y armas largas a bordo de un vehículo blanco de modelo reciente que le cerró el paso para despojarlo de 39 mil pesos en efectivo, un iPad y un teléfono celular. A pesar de que el automovilista logró forcejear, escapar y ser perseguido por los criminales hasta perderlos cerca de la caseta, el hecho exhibe la grave vulnerabilidad en tramos federales supuestamente vigilados.
Mientras los automovilistas quedan a merced de comandos armados en las carreteras, la realidad operativa choca violentamente con el discurso oficial. La crisis en las rúas estatales desnuda dos omisiones estructurales graves: la ausencia total de una policía estatal de caminos que patrulle y prevenga el delito en las arterias de jurisdicción local y federal, y la ineficiencia de la todopoderosa Plataforma Centinela.
La gravedad de la situación ha sido advertida desde diversos espacios informativos locales principalmente en el municipio de Cuauhtémoc donde a través de transmisiones y reportes emitidos a través de La Ranchera de Cuauhtémoc 89.7 FM y plataformas multimedia, se ha documentado el clamor ciudadano ante una cadena de atracos que no cesa.
Los testimonios recopilados apuntan a que familias enteras y automovilistas que transitan cotidianamente entre Cuauhtémoc y Chihuahua —ya sea para acudir a la capital a dejar a jóvenes universitarios o en trayectos hacia la región serrana— se han convertido en blancos fáciles para comandos armados que operan con total impunidad, despojándolos con violencia de vehículos, efectivo y dispositivos electrónicos, con casos documentados previamente en zonas como Casa Colorada.
A pesar de que el proyecto insignia de seguridad ha representado una inversión faraónica estimada en más de 4 mil 200 millones de pesos —que presume la instalación de red de arcos carreteros y miles de cámaras de videovigilancia—, la tecnología instalada sirve de poco o nada cuando se trata de disuadir o contener la delincuencia en movimiento. Los arcos y los sensores de la plataforma operan como adornos digitales costosos incapaces de evitar que células criminales operate con impunidad en tramos clave como el Cuauhtémoc-Chihuahua.
Este escenario de vulnerabilidad vial no es anómalo, sino el reflejo de estadísticas alarmantes. Cifras oficiales del Inegi y la Guardia Nacional documentaron 38 robos y asaltos en carreteras y puentes de jurisdicción federal en Chihuahua durante el año 2025, posicionando al estado en el noveno lugar nacional.
Por su parte, informes de organizaciones como Causa en Común han advertido sobre repuntes drásticos de hasta el 300% en el delito de robo a transportistas, evidenciando crisis agudas como el operativo desplegado en abril tras el robo de ocho vehículos en apenas 16 horas en la rúa Chihuahua–Ojinaga.
Ante este panorama, la estrategia del Estado apostar todo a pantallas gigantes y torres de vigilancia centralizadas fracasa en el terreno operativo. La Guardia Nacional resulta notoriamente insuficiente para cubrir la vasta red carretera chihuahuense, y la falta de una corporación estatal especializada en caminos deja a las carreteras del estado convertidas en auténticas zonas sin ley, donde la prevención brilla por su ausencia y la reacción institucional llega, invariablemente, cuando el daño ya está hecho.
