Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 15 de septiembre del 2026.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, anunció que la bancada se encuentra ultimando los detalles de una denuncia de hechos robusta ante presuntas irregularidades y violaciones detectadas en los procesos de subasta de bienes inmuebles vinculados a Pensiones Civiles del Estado y la Coesvi.
De acuerdo con el legislador, el documento jurídico —que será presentado a más tardar el próximo lunes tras una revisión exhaustiva de la cronología y el marco normativo— integrará documentales, probanzas técnicas como videos y fotografías, así como aquellos expedientes e información que la autoridad ha omitido entregar formalmente.
Durante su posicionamiento, Estrada Sotelo celebró el viraje discursivo e institucional en los casos de Delicias y Parral, donde las instancias estatales han comenzado a replantear la estrategia de colocación habitacional bajo la narrativa de ofertar los inmuebles directamente casa por casa o lote por lote a las personas derechohabientes y ciudadanos que verdaderamente necesitan una vivienda.
Sin embargo, el coordinador parlamentario enfatizó que este cambio de criterio evidencia la falla de origen en los procedimientos previos:
Los inmuebles de Delicias y Parral también fueron llevados a esquemas de subasta el pasado 10 de junio; no obstante, dichos procesos se declararon desiertos o no concluyeron debido a la ausencia de postores que reunieran las sumas exigidas de 30 y 34 millones de pesos.
Pese a los ajustes anunciados para el resto de los municipios, Morena advirtió que no quitará el dedo del renglón respecto a la subasta realizada en Ciudad Cuauhtémoc. El legislador sostuvo que dicha operación se ejecutó de manera incorrecta, vulnerando los acuerdos administrativos previos establecidos con la Coesvi y contraviniendo el principio de que los complejos habitacionales debieron comercializarse de manera directa a los ocupantes e interesados con necesidades reales de vivienda, en lugar de sujetarse a dinámicas de mercado que excluyen a la ciudadanía.
La denuncia que prepara la oposición busca esclarecer la legalidad de estos actos administrativos, poniendo bajo el escrutinio público la gestión de los bienes patrimoniales destinados a la seguridad social y al desarrollo de vivienda en el estado.
