Por: La Redacción.
Uruapan, Michoacán., a 29 de septiembre del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) intensificó la presión jurídica sobre la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, al emplazarla a entregar los teléfonos celulares de su esposo, el exedil Carlos Manzo, ultimado en noviembre de 2025. Ante la negativa de la munícipe, la autoridad ministerial advirtió que el desacato podría escalar hacia un arresto administrativo e incluso abrir una carpeta de investigación por el delito de obstrucción de la justicia.
Durante una conferencia de prensa, el vicefiscal del estado, Israel Vega, sostuvo que los dispositivos móviles resultan esenciales para dar continuidad a las indagatorias y esclarecer plenamente el atentado. El funcionario subrayó que las diligencias actuales, limitadas a ampliaciones de declaración, resultan insuficientes para sostener el avance de la investigación.
De acuerdo con la FGE, no existe justificación legal para retener los equipos, cuya entrega es prioritaria para el desahogo de peritajes forenses. Entre las diligencias pendientes destaca la revisión exhaustiva de la cuenta de mensajería de WhatsApp del exalcalde, a fin de descartar o confirmar posibles alteraciones o manipulaciones en la información contenida.
“Se prepara el siguiente requerimiento conforme lo establece la ley. Si no se entregan, va escalando el nivel de medidas de apremio, que podrían llegar al arresto o a la apertura de una carpeta de investigación por obstrucción de la justicia”, advirtió categóricamente Vega.
En el mismo espacio informativo, al ser cuestionado sobre el financiamiento del llamado Movimiento del Sombrero —tras la reciente captura de Alexis Jesús, alias El Brilloso—, el vicefiscal confirmó que se indagan posibles redes de recursos ilícitos.
No obstante, la institución aclaró que estos trabajos de inteligencia se desarrollan de manera coordinada con corporaciones federales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque precisó que, hasta el momento, no se ha logrado acreditar una conexión directa entre dichos flujos financieros y el homicidio del ex munícipe de Uruapan.
