Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 4 de octubre del 2026.- A más de un decenio de su separación, el conflicto judicial entre el empresario Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como «Colate», y la cantante mexicana Paulina Rubio sumó un nuevo capítulo de desgaste mediático y financiero.
En una intervención televisiva en el programa Fiesta de Telecinco, el español aseguró haber desembolsado más de un millón de euros en trámites y representación legal a lo largo del litigio, al tiempo que cuestionó el funcionamiento de los tribunales estadounidenses tras perder la solicitud para trasladar a su hijo adolescente a España.
La resolución emitida por la corte de Miami determinó mantener la residencia del menor en Estados Unidos al lado de su madre, decisión que el empresario calificó de insatisfactoria y la cual adelantó que buscará revertir mediante un recurso de apelación.
Vallejo-Nágera presentó la suma de siete cifras como el costo acumulado de más de 12 años de litigios, aunque omitió desglosar qué porcentaje corresponde a la demanda reciente o a honorarios anteriores.
Más allá de la erogación económica, el empresario arremetió contra el sistema judicial de Florida, sugiriendo la existencia de presuntas «influencias» que habrían inclinado la balanza en su contra. No obstante, las declaraciones difundidas durante la entrevista carecen de elementos probatorios o documentación que acrediten alguna interferencia irregular en el fallo.
Como argumento para sostener su impugnación, Colate aseveró que el menor ha expresado su deseo de mudarse a territorio español y acusó al juez de no valorar diversos documentos oficiales presentados por su equipo legal.
Por su parte, Paulina Rubio ha evitado confrontar públicamente las acusaciones de su expareja, limitándose a agradecer el apoyo de sus seguidores y resaltar la importancia del bienestar de su hijo. El caso pone nuevamente de relieve la complejidad de los procesos de custodia transfronteriza y el uso de los espacios de entretenimiento para cuestionar resoluciones judiciales sin aportar elementos jurídicos comprobables.
