Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 4 de octubre del 2026.- La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) se sumó al pronunciamiento del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. para denunciar públicamente los actos de tortura y la posterior ejecución extrajudicial del interno identificado como E.C.C., perpetrados el pasado 8 de julio al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) No. 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán.
En una enérgica postura fijada ante la opinión pública, los organismos defensores señalaron directamente a elementos de custodia penal como los responsables materiales de los hechos, e interpelaron de forma directa a la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, y al Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, a quienes exigieron frenar la impunidad institucional.
De acuerdo con las organizaciones civiles, el caso de E.C.C. no representa un hecho aislado, sino la evidencia contundente de que la tortura continúa operando como una práctica sistemática, tolerada y en diversos casos propiciada por las propias autoridades responsables del sistema penitenciario en la entidad.
Esta situación, remarcaron, exhibe deficiencias graves tanto en la concepción como en la ejecución de la política estatal de reinserción social, dejando al descubierto la vulnerabilidad y la falta de garantías de derechos humanos al interior de los centros penitenciarios de la entidad.
Ante la gravedad del crimen, COSYDDHAC y el Centro Paso del Norte demandaron formalmente a las autoridades del Gobierno del Estado cuatro acciones inmediatas:
- Peritajes independientes y exhaustivos: Desahogar las pruebas técnicas necesarias para acreditar pericialmente la ejecución extrajudicial de la víctima.
- Investigación a la cadena de mando: Deslindar la responsabilidad penal e administrativa de los superiores jerárquicos de los custodios ya procesados, así como de cualquier otra autoridad involucrada por omisión o complicidad.
- Sanciones ejemplares: Llevar ante la justicia a la totalidad de los autores materiales e intelectuales.
- Garantías de no repetición: Reestructurar de fondo los protocolos de vigilancia e integridad física de las personas privadas de la libertad para evitar nuevos casos de violencia institucional.
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha emitido una postura oficial respecto a los sealamientos sobre la cadena de mando en la estructura penal.
