Por: La Redacción.

Ciudad de México., a 5 de octubre del 2026.- La disputa legal entre la actriz Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón Garza, alcanzó un nuevo punto de tensión con la interposición de denuncias penales recíprocas y el involucramiento de medidas cautelares de protección que restringen las declaraciones públicas sobre el nieto de ambas, José Julián, de 9 años.

La representación legal de Guardia, encabeza por el abogado Alonso Beceiro, confirmó que presentó una querella formal contra Tuñón por el presunto delito de abandono de persona. De acuerdo con la defensa de la actriz, la medida se tomó tras el regreso de Tuñón a México proveniente de Estados Unidos, argumentando el desconocimiento sobre el paradero y las condiciones actuales del menor, además de acusar la recepción de mensajes donde la madre advertía su intención de radicar en el extranjero y distanciar al niño de su familia paterna.

Pese a que Imelda Tuñón ostenta legalmente la custodia del menor, el equipo legal de Guardia sostiene que la omisión sobre su ubicación actual podría tipificarse como una falta legal, por lo que han solicitado a las autoridades judiciales requerir la presentación física del niño para evaluar su estado de salud e integridad.

En respuesta, la viuda de Julián Figueroa acudió este fin de semana al Reclusorio Norte para tramitar medidas de protección en contra de Maribel Guardia, su esposo Marco Chacón y el abogado litigante. La autoridad judicial concedió dichas medidas, imponiendo una restricción que prohíbe a la actriz y a su entorno referirse públicamente a la madre o al menor por un periodo de tres meses.

Esta restricción legal abre un compás de espera en la vertiente mediática del caso, obligando a las partes a dirimir el conflicto exclusivamente ante las instancias familiares y penales competentes.

El señalamiento por abandono de menor se suma a otros frentes penales abiertos por la familia del fallecido cantante Julián Figueroa contra Tuñón. Entre ellos destaca un expediente derivado de declaraciones públicas donde la joven admitió haber obtenido y suministrado medicamentos regulados para los problemas de insomnio de su entonces cónyuge, situación que derivó en indagatorias por posible posesión o distribución no autorizada de sustancias controladas.

El caso, que mezcla reclamos de custodia, tensiones tras el fallecimiento de Figueroa y estrategias de litigio en medios de comunicación, queda ahora en manos de las fiscalías y juzgados correspondientes, encargados de certificar la veracidad de los señalamientos y priorizar el interés superior del menor involucrado.