Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 6 de octubre del 2026.- Lo que comenzó como una serie de acusaciones públicas sobre presuntas irregularidades financieras en la Feria de Santa Rita se ha transformado en un complejo expediente de presunta violencia institucional, uso faccioso del aparato de justicia y violaciones graves a los derechos humanos. La representación legal de Andrea Cecilia Domínguez Anguiano, encabezada por el abogado Luis Villegas Montes, formalizó acciones ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y anunció una ofensiva penal contra funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado de Chihuahua.
El origen de la disputa se remonta a enero de 2022, cuando Domínguez Anguiano inició una relación laboral vinculada a Manuel Campos Galván, hermano de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Este vínculo culminó en su incorporación a la administración y operación de la Feria de Santa Rita, desarrollándose progresivamente una acentuada asimetría de poder basada en dependencia económica y profesional.
El punto de inflexión ocurrió en marzo de 2026. Según la documentación presentada ante la CEDH, Domínguez Anguiano se opuso a acatar instrucciones operativas sobre la disposición del dinero recaudado en las taquillas de la feria, al considerar que la exponían jurídicamente a maniobras fuera de su control. La negativa derivó en presiones, cese de sus ingresos ordinarios y condicionamientos. En palabras de su defensa, el núcleo de la controversia radica en «una mujer que le dijo que no a su jefe varón».
Uno de los componentes más reveladores de la queja ante la CEDH radica en la actuación de los cuerpos de seguridad pública asignados a Domínguez. Aunque la escolta oficial fue justificada inicialmente como una medida de protección ante amenazas ligadas a la feria, la defensa sostiene que el esquema degeneró en un mecanismo de vigilancia extralegal e intimidación. Los agentes habrían asumido el control de sus trayectos, contactos e itinerarios, impidiéndole salir de su domicilio de forma independiente.
El pico más crítico de la escalada ocurrió la madrugada del 30 de junio de 2026, días después de que la exfuncionaria acudiera ante autoridades gubernamentales a exponer las inconsistencias observadas. Un operativo coordinado por la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, integrado por más de 20 elementos armados y encapuchados, irrumpió en su vivienda.
El expediente documenta agresiones severas durante la diligencia:
- Incomunicación de la familia y separación forzada de los hijos menores de edad.
- Amago con arma de fuego contra uno de los menores para despertarlo.
- Aseguramiento de vehículos, dinero en efectivo, equipos de cómputo y teléfonos, con la exigencia obligada y grabada de proporcionar contraseñas.
Estos hechos llevaron a la defensa a solicitar a la CEDH que determine si la actuación policial superó el umbral de la violencia institucional para configurarse como tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Actualmente, Domínguez enfrenta una encrucijada jurídica: por un lado, figura como imputada en investigaciones penales promovidas por la Fiscalía General del Estado; por el otro, se ostenta como víctima de conductas punibles por parte de servidores públicos.
Para contrarrestar esta situación, su defensa alista una serie de acciones judiciales:
- Querellas penales: Por los delitos de acoso laboral, acoso sexual, abuso de autoridad y tortura.
- Juicios de amparo: Orientados a frenar la judicialización de expedientes que consideran activados de forma facciosa para amedrentarla y encarcelarla.
- Medidas cautelares y protección a víctimas: Solicitando la intervención urgente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y la preservación de evidencias y bitácoras policiales.
El caso de la Feria de Santa Rita pone bajo escrutinio la independencia de las instituciones de procuración de justicia en la entidad y la vigencia de los contrapesos frente al poder político. Ante la gravedad de los señalamientos —que abarcan desde violencia de género hasta uso de cuerpos de seguridad para fines de control personal—, la resolución de la CEDH y el trámite de las denuncias penales marcarán un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la protección efectiva a quienes denuncian irregularidades dentro del aparato estatal
