Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 9 de septiembre del 2026.- La sorpresiva reestructuración del Gabinete de Seguridad en Chihuahua —donde la gobernadora María Eugenia Campos Galván removió a Gilberto Loya Chávez de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) para colocarlo como «encargado de despacho» de la Fiscalía General del Estado (FGE) y nombró a Luis Ángel Aguirre al frente de la SSPE— provocó una inmediata reacción política en el Congreso del Estado.
El coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, calificó el movimiento como un «plan B» orquestado desde Palacio de Gobierno tras el fracaso del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN) para construir los acuerdos necesarios que le permitieran nombrar un fiscal definitivo bajo el esquema de autonomía.
«Creo que el nombramiento del ingeniero Loya resulta ser el plan B de la gobernadora y del PAN, al no lograr hasta este momento la votación de dos terceras partes en este Congreso para la mayoría calificada», sentenció Estrada Sotelo, enfatizando que la designación como encargado de despacho es una maniobra para eludir el contrapeso legislativo.
El líder parlamentario de Morena recordó que el interés de imponer a Loya Chávez en la procuración de justicia no es nuevo, sino un rumor que se venía gestando en los pasillos de Palacio de Gobierno. Sin embargo, al no contar con la mayoría calificada de 22 votos que exige la Constitución local para ratificar la titularidad de la FGE, el Ejecutivo optó por la figura del despacho temporal, pese a que la institución ya contaba con un encargado y no se encontraba acéfala tras la salida de Francisco Sáenz Soto.
Asimismo, Estrada Sotelo anunció que la bancada guinda someterá a revisión la legalidad del nombramiento para determinar si la administración estatal incurrió en irregularidades normativas:
«Habría que revisar la legislación para ver si no existe allí alguna condición en el nombramiento de encargado del despacho, porque la ley habla sobre el procedimiento abierto. Lo reviso y, si estoy en lo correcto, les digo», advirtió.
El relevo en las instituciones de seguridad ocurre a tan solo un mes de que Gilberto Loya Chávez encabezara el corte de listón de la «Torre Centinela» en Ciudad Juárez, una obra insignia que tardó cinco años en ejecutarse, envuelta en sobrecostos y contrataciones directas, y que comenzó a operar de manera parcial sin estar completamente terminada.
La salida de Loya Chávez de la policía preventiva para asumir la persecución del delito deja al descubierto una decisión guiada por el cálculo político rumbo al proceso electoral de 2027. Tras haber manifestado abiertamente sus aspiraciones a la gubernatura, la instalación del extitular de la SSPE como virtual «fiscal carnal» compromete la neutralidad de la FGE, difumina la frontera entre la prevención policial y la investigación criminal, y genera el riesgo latente de que la procuración de justicia se administre con sesgo político-electoral en beneficio del partido en el poder.
