Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 20 de octubre del 2026.- Mientras el Estado mexicano presume avances y una coordinación inédita ante la Asamblea General, el Comité contra la Desaparición Forzada insiste en llevar el caso al pleno de la ONU y lamenta el retiro de familiares de víctimas durante la sesión.
Durante la presentación de su informe anual ante la tercera comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) reconoció la localización de 16 mil personas en México durante lo que va de 2026, cifra reportada por el propio Estado mexicano de un universo oficial que supera las 130 mil desapariciones.
«Felicitamos por estos avances», expresó el presidente del CDF, Juan Pablo Albán Alencastro, al señalar que la decisión del organismo de solicitar que la situación del país sea examinada por la Asamblea General ya produjo un «primer resultado». Sin embargo, el comité advirtió que la cooperación internacional impulsada con naciones como España y Alemania debe mantenerse y extenderse al propio organismo.
La comparecencia en Nueva York evidenció las discrepancias entre el organismo internacional y el Estado mexicano. Por primera vez, el CDF activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas respecto a México, con el propósito de que la crisis sea debatida en el pleno de la Asamblea General y reciba un respaldo internacional estructurado, una circunstancia que no se concretó en esta ocasión.
Por su parte, la delegación mexicana, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, reiteró su rechazo a la interpretación del comité sobre el alcance de dicho artículo, defendiendo al mismo tiempo una política de apertura y diálogo.
Medina aseguró que el Estado «no consiente ni tolera» este delito y que la búsqueda constituye una prioridad nacional. Asimismo, argumentó que, a diferencia del pasado —cuando las desapariciones eran ordenadas desde las altas esferas del poder—, actualmente estos ilícitos son perpetrados principalmente por la delincuencia organizada y, de manera focalizada, por autoridades municipales.
Pese a los datos de localización expuestos por el gobierno federal, el presidente del CDF recordó que en abril de 2026 el comité concluyó que existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, precisando que, si bien no se hallaron pruebas de una política federal deliberada para cometer este delito, la práctica persiste de forma alarmante.
Tras la sesión, Albán hizo un llamado enérgico a través de redes sociales para evitar que el asunto se diluya en la ONU «entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas». Asimismo, expresó su desacuerdo luego de que un grupo de familiares de personas desaparecidas que acudió a presenciar la sesión fuera desalojado de la sala tras mostrar fotografías de sus seres queridos.
