Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 24 de octubre del 2026.- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump intensifico de forma simultánea la presión diplomática y comercial sobre México. El objetivo central de Washington es conseguir un golpe contundente contra las organizaciones del narcotráfico que pueda ser presentado como una victoria política de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en un escenario donde también se discute el futuro de la relación comercial y la revisión del T-MEC.
De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, la Casa Blanca entregó recientemente un documento a las autoridades mexicanas en el que propone mecanismos para que personal de seguridad de Estados Unidos —incluyendo posibles agentes de la CIA o militares de operaciones especiales— acompañe de manera directa a las fuerzas mexicanas en operaciones dentro del territorio nacional contra laboratorios clandestinos y cárteles.
Esta exigencia reaviva el conflicto en torno a los límites de la cooperación bilateral. Mientras que Washington busca resultados tangibles condicionados por su calendario electoral de medio término, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido una postura de rechazo a cualquier intervención directa de fuerzas extranjeras que vulnere la soberanía nacional, limitando la colaboración al intercambio de inteligencia y a la coordinación institucional.
La presión sobre el terreno de seguridad se da a pesar de los antecedentes recientes de colaboración, como el operativo de febrero pasado que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No obstante, dicho resultado solo redujo temporalmente las exigencias de la Casa Blanca, las cuales se recrudecieron tras la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Aunque en septiembre Washington suspendió provisionalmente planes de ataques aéreos en territorio mexicano, las nuevas propuestas de incursión conjunta evidencian que el enfoque intervencionista se mantiene activo.
En paralelo a las demandas de seguridad, la relación bilateral atraviesa un momento clave en las negociaciones comerciales. El pasado 19 de octubre, el presidente Trump aseguró desde Kansas que Estados Unidos y México se encontraban cerca de alcanzar un acuerdo comercial para reducir el déficit que mantiene con su vecino del sur, estimado en unos 150 mil millones de dólares.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum Pardo confirmó que existen avances importantes, aunque reconoció la persistencia de temas pendientes. El principal interés del gobierno mexicano radica en reducir y frenar la imposición de nuevas tarifas arancelarias —como el 25% a determinados automóviles y el 50% al acero y al aluminio—, así como resolver las diferencias en torno a las reglas de origen de la industria automotriz tras la decisión de Washington de no extender automáticamente la vigencia del T-MEC y optar por negociaciones separadas.
El análisis de la coyuntura revela una estrategia de presión cruzada donde tanto las exigencias de seguridad como las negociaciones comerciales responden a un mismo factor: las necesidades políticas del proceso electoral estadounidense. Con fechas límite fijadas para principios de noviembre, la administración mexicana se encuentra ante el reto de equilibrar la cooperación bilateral y la defensa de su soberanía frente a una agenda exterior marcada estrictamente por los tiempos políticos de la Casa Blanca.
