Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 27 de octubre del 2026.- Un informe de la organización internacional señala al crimen organizado y la corrupción como motores de la violencia, destacando que el Estado sigue sin castigar a los autores intelectuales de los crímenes.
En el marco de un entorno considerado de impunidad prácticamente absoluta, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitió un informe lapidario sobre la violencia contra la prensa en México, revelando que en las últimas dos décadas se han contabilizado 169 asesinatos de periodistas, lo que arroja un promedio de ocho víctimas por año.
El dato más alarmante del informe radica en el nivel de esclarecimiento: el 99 por ciento de estos crímenes permanece en la impunidad. Según la organización, en 168 de los 169 casos documentados desde 2006 las autoridades no han logrado identificar a los autores intelectuales ni esclarecer el móvil real de los ataques, evidenciando graves deficiencias estructurales en los aparatos de procuración de justicia.
RSF subraya que el riesgo letal recae desproporcionadamente sobre el periodismo de proximidad. De acuerdo con las cifras analizadas, 166 de las 169 víctimas (el 98 por ciento) eran comunicadores locales. Asimismo, el informe ubica a Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas como las cinco entidades del país que concentran aproximadamente la mitad de los homicidios de la prensa en el periodo evaluado.
El desglose temático confirma que la labor informativa ligada a los poderes fácticos y criminales constituye la principal sentencia de muerte para los profesionales de la información:
- 59 por ciento de las víctimas investigaba o cubría asuntos relacionados con la delincuencia organizada.
- 46 por ciento documentaba temas de índole política.
Además, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la organización ha documentado el asesinato de 17 periodistas.
Artur Romeu, director de RSF para América Latina, advirtió que los informadores son percibidos como amenazas directas por las estructuras de gobernanza criminal. La organización enfatizó que centrar la narrativa únicamente en la culpabilidad del crimen organizado no exime al Estado mexicano de su responsabilidad, sobre todo ante la falta de recursos suficientes para desarticular las redes de complicidad y proteger eficazmente a los comunicadores.
A pesar de la existencia de instituciones especializadas como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) —creada en 2010— y del mecanismo federal de protección que al 31 de agosto de 2026 resguardaba a 701 periodistas, el informe apunta que las fallas iniciales en las investigaciones (como la alteración o pérdida de pruebas y la nula coordinación institucional) continúan saboteando la justicia.
Si bien RSF reconoció un incremento en las sentencias condenatorias —pasando de cinco fallos entre 2006 y 2016 a al menos 33 en la década posterior—, advirtió que los avances se limitan mayoritariamente a los ejecutores materiales, perpetuando un pacto de silencio que deja impunes a los mandos intelectuales y mantiene a la prensa mexicana bajo el asedio constante de la violencia y la censura.
