Por: La Redacción.
Uruapan, Mich., a 1 de noviembre del 2026.- A un año del asesinato a balazos del alcalde Carlos Alberto Manzo en plena celebración del Día de Muertos de 2025, la Plaza Morelos de Uruapan volvió a convertirse en el epicentro de la exigencia de justicia y la fractura política en Michoacán. Ante miles de manifestantes de más de diez estados del país, su viuda y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, envió un contundente mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: la investigación del crimen debe llegar a sus últimas consecuencias, caiga quien caiga y sin proteger a intereses políticos o económicos.
La movilización, que derivó en la develación de una estatua del exalcalde en el mismo sitio donde fue ultimado, estuvo marcada por un fuerte ambiente de protestas contra el partido oficialista («¡Fuera Morena!») y por muestras explícitas de apoyo hacia Quiroz para buscar la gubernatura del estado en las elecciones de 2027.
Pese al clamor popular en contra de la administración federal, Grecia Quiroz inició su pronunciamiento buscando desmarcarse de una rivalidad partidista, apelando al dolor de las víctimas y a la responsabilidad del Estado de derecho.
«Señora presidenta, no le habla una adversaria política… le habla a una mujer que perdió a su compañero de vida, le habla a una madre que quiere que sus hijos crezcan en un país donde defender una causa justa no sea una sentencia de muerte», expresó la edil frente a la multitud.
Sin embargo, el tono de la alcaldesa fue tajante al cuestionar el triunfalismo institucional. Advirtió que la captura de presuntos responsables no equivale a resolver el homicidio de Carlos Manzo.
«Señora presidenta, le pido justicia para Carlos Manzo. No una justicia a medias. No una justicia de discursos… La justicia no puede tener protegidos, porque la verdad no puede negociarse», aseveró Quiroz.
La exigencia ocurre a pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha reportado la detención de 34 personas —la más reciente, la secretaria de Bienestar de Uruapan por encubrimiento— y un avance del 90% en las investigaciones, atribuyendo el crimen de manera unilateral al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y descartando, hasta el momento, un móvil político.
Más allá del homenaje luctuoso, el acto político en Uruapan evidenció el peso del Movimiento del Sombrero como un polo de poder independiente frente a los partidos tradicionales. Quiroz extendió su reclamo a la crisis estructural que asola a la región, abrazando la causa de las madres buscadoras, comerciantes víctimas de extorsión (cobro de piso), campesinos y transportistas.
Al mismo tiempo, el evento reafirma el capital político de la alcaldesa, quien recientemente confirmó que evalúa formalizar su candidatura independiente a la gubernatura de Michoacán para 2027, con una decisión definitiva proyectada para las próximas semanas.
La conmemoración del primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo expone las grietas del discurso oficial frente a los crímenes contra actores políticos en zonas de alto conflicto como lo es en Michoacan, donde encajonar de manera expedita el asesinato de un alcalde combativo como una mera «represalia del crimen organizado» permite a las fiscalías cerrar los expedientes sin explorar las posibles complicidades o autorías intelectuales dentro de las estructuras del poder político local y estatal.
Para la Presidencia de la República, el caso Carlos Manzo representa un foco de tensión constante. Responder con cifras de detenciones resulta insuficiente cuando la percepción social y las víctimas directas señalan que la impunidad de las cúpulas sigue intacta.
En tanto que la consolidación de Grecia Quiroz como una figura de oposición ciudadana y potencial candidata a la gubernatura refleja cómo el vacío de protección del Estado y la impunidad alimentan plataformas políticas independientes impulsadas por el descontento popular contra la hegemonía de Morena en la entidad.
