Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 1 de noviembre del 2026.- En medio de las tensiones internas y los deslindes discursivos emitidos desde la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha profundizado un esquema de colaboración política con los principales liderazgos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), articulando un rediseño de fuerzas de cara a los próximos procesos electorales.
El viraje político local contrasta de manera directa con los posicionamientos institucionales de la cúpula nacional del blanquiazul. Cabe recordar que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció que el partido no dependerá de alianzas partidistas presentes o futuras, marcando supuesta distancia de coaliciones tradicionales.
Sin embargo, en el escenario político de Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha tejido un entendimiento operativo y de reparto de candidaturas con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y con el líder estatal priista, Alejandro Domínguez Domínguez. Este esquema de cooperación incluye la definición de espacios para presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y curules en el Congreso del Estado, a cambio de respaldar las aspiraciones y estructuras afines al grupo en el poder estatal.
El núcleo de esta convergencia política reúne a figuras con trayectorias cruzadas por los litigios e investigaciones del pasado duartidista. Entre los actores señalados figuran tanto la propia mandataria estatal —quien en su etapa como legisladora local enfrentó procesos judiciales vinculados a la llamada «Nómina Secreta»— como el actual dirigente del PRI en el estado, Alejandro Domínguez, quien originalmente interpuso denuncias formales ante la fiscalía local contra Campos Galván en los años 2018 y 2020, querellas que posteriormente se diluyeron conforme se reconfiguraron las alianzas políticas y se cedieron espacios de representación federal y local.
Asimismo, la incorporación de operadores y exfuncionarios vinculados a la administración del exgobernador César Duarte Jáquez en posiciones clave de la estructura gubernamental y de organismos descentralizados durante la administración estatal de María Eugenia Campos Galván. Nombres como el del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña —con trayectoria previa en operaciones administrativas del duartismo—y quien se perfila como el aspirante del PAN por la alcaldía de la capital del estado, esto en medio de una serie de señalamientos y denuncias al interior del panismo tradicional.
También se encuentra la asignación de cargos públicos a perfiles como Enrique Serrano Escobar y Cristopher James Barousse, entre muchos otros en distintos espacios de la administración estatal y municipal evidencian un patrón de reintegración de actores políticos de esa época dentro de la actual administración.
Este reacomodo de élites políticas pone de relieve las tensiones persistentes entre las directrices discursivas de los comités nacionales de los partidos y la realidad operativa de los gobiernos locales, donde el pragmatismo electoral suele anteponerse a las líneas ideológicas oficiales.
Mientras los operadores políticos y las dirigencias estatales consolidan un bloque estructurado para asegurar la continuidad de sus grupos, los sectores críticos de la sociedad civil y de la oposición cuestionan la efectividad de estos acuerdos de cúpula frente a los pendientes de fiscalización y rendición de cuentas heredados de los gobiernos anteriores en la entidad.
Con información de Zona Free.
