Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 4 de noviembre del 2026.- Con un panorama internacional marcado por las rebajas en la calificación soberana de México por parte de agencias como Moody’s, HR Ratings y la perspectiva negativa de S&P, el diseño del Paquete Económico 2027 se perfilaba como una prueba de fuego para conciliar la disciplina fiscal con las demandas de desarrollo social. Sin embargo, de acuerdo con el diagnóstico de México Evalúa, la propuesta gubernamental ofrece avances insuficientes que dejan a las finanzas públicas en una situación de alta vulnerabilidad frente a choques externos y presiones estructurales.

El Paquete Económico proyecta que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) —la medida más amplia del déficit— se ubicarán en 3.9% del PIB para 2027. Aunque esta cifra representa una reducción respecto al 58% registrado en 2024, se mantiene muy por encima del umbral de 3.0% necesario para estabilizar la deuda y del 2.5% recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Lo alarmante de la ruta proyectada es que rompe con la inercia histórica de estabilización sexenal:

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) pasará de 54.0% del PIB en 2026 a 55.0% en 2027, con una proyección de escalar hasta 56.4% en 2030.

Simulaciones estadísticas de México Evalúa estiman que existe una probabilidad cercana al 50% de que la deuda supere el 60% del PIB hacia 2030, lo que incrementa drásticamente el riesgo de nuevas degradaciones crediticias y un encarecimiento del costo financiero, estimado en 1.66 billones de pesos para 2027.

 Ingresos tributarios récord bajo supuestos optimistas

Para financiar el gasto, la Secretaría de Hacienda proyecta ingresos presupuestarios por 9.16 billones de pesos (23.2% del PIB). La gran apuesta descansa en una meta tributaria histórica de 15.9% del PIB, pretendiendo recaudar 5.9% más en términos reales sin la creación de nuevos impuestos.

Sin embargo, esta estrategia enfrenta tres flancos débiles:

  • Crecimiento económico desacelerado: El gobierno proyecta un crecimiento de 2.0%, mientras que los analistas encuestados por el Banco de México estiman un conservador 1.8%.
  • Desacoplamiento de la recaudación: En el primer semestre de 2026, la economía creció 1.2% pero los ingresos tributarios avanzaron apenas 0.4% real, con desplomes de 6.2% en el ISR.
  • Fatiga de la fiscalización: Los actos de fiscalización aumentaron 24%, pero la recaudación por acto cayó 22%, evidenciando que las revisiones masivas rinden cada vez menos frutos.

Pemex: El costo de oportunidad y un apoyo difícil de extirpar

Los ingresos petroleros caerán a 2.5% del PIB (985 mil millones de pesos), su nivel más bajo desde 2020. Aunque el Ejecutivo plantea reducir las transferencias directas a Pemex a 81 mil millones de pesos (desde los 272 mmdp aprobados en 2026), el historial presupuestario demuestra que las transferencias siempre superan lo autorizado.

Además, la decisión de exportar únicamente 24% de la producción de crudo —la proporción más baja desde 1990— para destinarlo a la refinación nacional genera un costo de oportunidad colosal. México Evalúa calcula que refinar en lugar de exportar representa una pérdida de 137 mil millones de pesos en 2027, superando con creces la renta petrolera neta que retiene el gobierno federal y socavando la viabilidad financiera de la petrolera estatal.

Espacio fiscal marchito: El peso de la deuda y las pensiones

El gasto neto total crecerá a 10.52 billones de pesos, pero tres cuartas partes de ese incremento se destinarán a gasto no programable (costo de deuda y participaciones).

  • Tras cubrir compromisos obligatorios como pensiones, nómina y deuda, sólo 4 de cada 100 pesos (0.83% del PIB) quedarán libres como margen fiscal.
  • La combinación de intereses de la deuda y gasto en pensiones (10.3% del PIB) superará por completo lo destinado al conjunto de capital humano e infraestructura física (9.4% del PIB), hipotecando las capacidades futuras del Estado.

 Asimetrías sectoriales: Militarización, salud y educación debilitadas

El análisis desglosa el impacto social de este estrecho margen presupuestario en sectores clave:

  • Estado de derecho y seguridad: Se proponen 401 mmdp, pero el incremento se concentra en los entes militares (Defensa, Guardia Nacional y Marina acaparan el 49%), mientras que los subsidios y fondos de apoyo para la seguridad de estados y municipios registran una caída del 21% en términos reales frente a 2013.
  • Salud fragmentada: Aunque el presupuesto global de salud sube a 1.11 billones de pesos, el aumento se concentra en el IMSS, mientras que los recursos para la población sin seguridad social se ubican 5% por debajo de su máximo de 2024. La brecha presupuestal entre personas con y sin seguridad social alcanza un récord de 126%.
  • Educación y becas: El gasto educativo se sitúa en 3.2% del PIB, lejísimos del piso legal de 8% establecido en la Ley General de Educación. Los recursos se han volcado masivamente hacia becas (triplicadas desde 2013), en detrimento de la prestación de servicios educativos públicos y la capacitación docente (el programa PRODEP sufre un recorte histórico de 70.8%).
  • Sistema de cuidados: A pesar de un incremento nominal, el presupuesto para cuidados infantiles sigue por debajo de los niveles de 2016, reflejándose en una menor red de guarderías y menor cobertura de infantes atendidos.

El Paquete Económico 2027 refleja las consecuencias de un Estado sometido a presiones financieras estructurales severas. La insistencia en mantener subsidios ineficientes a Pemex y la rigidez de un gasto no programable en expansión arrastran a México hacia una senda de vulnerabilidad fiscal.

Frente a este diagnóstico, el informe de México Evalúa urge a instrumentar reformas de fondo, entre las que destacan la aprobación de un marco fiscal multianual con metas vinculantes, una estrategia transparente y condicionada para rescatar a Pemex, y la creación de un Instituto de la Hacienda Pública autónomo que dote al Congreso de capacidades técnicas independientes para evaluar la sostenibilidad de las finanzas nacionales antes de comprometer el bienestar de las próximas generaciones.