
Por: Estela Melka Ben-Ami
Ginebra., a 12 de noviembre del 2026.- A tres días de que inicie una cumbre clave sobre desarme en Suiza, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) emitieron una advertencia conjunta sobre el rumbo de los conflictos bélicos contemporáneos: la urgencia de negociar un tratado jurídicamente vinculante que prohíba o restrinja los sistemas de armas autónomas operados mediante Inteligencia Artificial (IA), antes de que la decisión sobre la vida y la muerte humana quede delegada de forma irreversible a los algoritmos.
El pronunciamiento ocurre en la antesala de la VII Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), que se celebrará del 16 al 20 de noviembre en Ginebra con la participación de 128 Estados parte. El llamado busca romper un estancamiento diplomático que se ha prolongado durante una década, mientras la tecnología militar avanza a un ritmo que supera por amplio margen los tiempos de negociación multilateral.
En comunicados difundidos este viernes, tanto el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, como la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, centraron el debate en la necesidad de preservar el «control humano significativo» sobre el uso de la fuerza letal.
«La comunidad internacional debe tomar ahora decisiones fundamentales sobre el futuro de los conflictos armados», sostuvo Türk, advirtiendo que «una máquina nunca debe tener el poder de decidir si un ser humano vive o muere». El funcionario subrayó que, debido a la velocidad del desarrollo tecnológico y al riesgo de que estos sistemas se vuelvan de fácil acceso en el corto plazo, «el margen de tiempo para elaborar un tratado que los regule se está cerrando rápidamente».
Por su parte, Spoljaric enfatizó que el desarrollo y la proliferación de armamento autónomo no pueden continuar sin reglas globales claras, señalando que permitir que la guerra sea regida por máquinas erosiona los principios básicos del derecho internacional humanitario, como la distinción entre combatientes y población civil y la rendición de cuentas ante posibles crímenes de guerra.
Aunque la discusión sobre las llamadas «armas letales autónomas» lleva diez años en la agenda de la CCAC, los Estados parte aún no han logrado declarar siquiera el inicio oficial de negociaciones para un marco legal vinculante. Esta parálisis contrasta con la acelerada incorporación de sistemas automatizados y semiautónomos en escenarios bélicos activos como Ucrania, Medio Oriente y Sudán, donde drones y plataformas con capacidades de selección de objetivos ya operan en el terreno.
El principal obstáculo en Ginebra radica en la estructura misma de la Convención, que opera bajo la regla del consenso: basta la oposición de un solo país para bloquear cualquier avance. En este contexto, potencias militares con fuerte inversión en defensa tecnológica —entre ellas Estados Unidos y Rusia— han mostrado reticencias históricas a imponer prohibiciones estrictas que limiten su margen estratégico, optando por promover códigos de conducta voluntarios en lugar de tratados obligatorios.
Los precedentes históricos como ruta posible
Frente al escepticismo geopolítico, la titular de la Cruz Roja apeló a la memoria jurídica de la comunidad internacional para demostrar que la regulación preventiva y la prohibición de tecnologías bélicas consideradas inhumanas es viable cuando existe voluntad política.
Spoljaric recordó que tratados anteriores lograron restringir o proscribir eficazmente armamentos de alto impacto indiscriminado, citando como precedentes las convenciones contra las armas químicas y biológicas, las minas antipersona y las municiones en racimo.
La cumbre de la próxima semana pondrá a prueba si los 128 Estados reunidos en Ginebra logran acordar un mandato formal de negociación antes de que el despliegue masivo de sistemas autónomos en los conflictos actuales convierta cualquier intento de regulación internacional en una medida tardía.






